CUMPLE TLAXCALA CASI UN AÑO SIN TITULAR EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN; ADVIERTEN DEBILIDAD INSTITUCIONAL
El organismo opera bajo interinato desde la renuncia de Sergio Pérez George en septiembre de 2025. Informes nacionales colocan a la entidad dentro del grupo de nueve estados con omisiones en la gobernanza anticorrupción
Por: Isabel Polvo
A casi once meses de operar bajo la figura de una encargada de despacho, el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala (SAET) continúa sin un titular definitivo en su Secretaría Ejecutiva, omisión que limita la capacidad técnica y la coordinación entre instituciones para fiscalizar y sancionar faltas administrativas en la entidad.
De acuerdo con el reporte del primer trimestre de 2026 emitido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Tlaxcala forma parte de las nueve entidades del país junto con Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas que enfrentan un rezago en la consolidación de sus mandos ejecutivos locales.
La vacante en el organismo se originó en septiembre de 2025, tras la renuncia de Sergio Pérez George, quien dejó el cargo para asumir la presidencia del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del estado por un periodo de dos años.
Ante su salida, y con base en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del organismo, la titular del Departamento de Asuntos Jurídicos, Yaneli del Razo Enríquez, asumió el despacho de manera temporal.
No obstante, a casi un año de la transición, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del sistema local no ha publicado la convocatoria correspondiente para nombrar formalmente a quien encabece la institución.
Organismos y comités coordinadores a nivel nacional han alertado que la falta de nombramientos permanentes restringe el alcance operativo de los sistemas estatales, generando incertidumbre jurídica en los procedimientos de fiscalización.
De acuerdo con las metodologías de evaluación del SESNA, los interinatos prolongados restan solidez a la gobernanza institucional y debilitan los esfuerzos articulados entre las dependencias encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ámbito local.