Crean diputados la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala
- Será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, con autonomía técnica y administrativa, para sancionar delitos ambientales
- Tlaxcala es el estado número 20 en contar con un ente especializado en materia de inspección, vigilancia y sanción en materia ambiental
- Su titular será nombrado por la Gobernadora del Estado antes del 3 de enero de 2022
Por: José Luis Ramírez Romero
Los diputados locales aprobaron la creación de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (Propaet), que será el órgano encargado de vigilar el cumplimiento a la normativa ambiental, a través de la recepción de denuncias y quejas, la realización de visitas de inspección y vigilancia, y la instauración de procedimientos administrativos en esta materia.
Durante la sesión de este jueves, los legisladores validaron reformas y adiciones a la Ley de Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, con las cuales se dota de autonomía técnica y administrativa al nuevo ente que entrará en funciones el 3 de enero del próximo año para imponer sanciones a quienes incurran en delitos ambientales, a fin de garantizar la restauración y protección de los recursos naturales, y la preservación del medio ambiente en la entidad.
Para ello, se llevará a cabo una reorganización de la estructura interna de la recién creada Secretaría de Medio Ambiente (SMA), ya que la nueva Propaet será un órgano desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la dependencia estatal, para atender la recomendación que en tal sentido ha emitido la Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental a los gobiernos estatales en diversos foros.
De esta manera, Tlaxcala será el estado número 20 en contar con un ente especializado en materia de inspección, vigilancia y sanción en materia ambiental, al sumarse a Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Sonora y Veracruz, Campeche, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas.
De acuerdo con el dictamen impulsado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se consideró la experiencia del gobierno federal, donde la Secretaría del Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat) actúa como cabeza de sector, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), funge como órgano desconcentrado, con organización, atribuciones y facultades propias.
En tal sentido, se establece que el titular de la SMA conservará la responsabilidad estatal en materia ambiental, pero por conveniencia administrativa, corresponderá a la Propaet establecer coordinación y colaboración con la Secretaría, y las autoridades federales y municipales, para que exista gobernanza ambiental estatal en las funciones de vigilancia, inspección y sanción ambientales.
A decir de los congresistas locales, la ley ambiental general ya establece con claridad las facultades que tiene la federación, los estados y municipios, en materia de protección y preservación del medio ambiente, por lo que descartaron que la nueva Procuraduría invada atribuciones o competencias de otros ámbitos de gobierno.
La Propaet estará a cargo de un titular que será nombrado por la Gobernadora del Estado antes de que entre en funciones la instancia de protección ambiental, misma que será vigilada en su administración y funcionamiento por el Órgano Interno de Control de la SMA.
Debido a que el Poder Ejecutivo ya remitió al Congreso local la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, los recursos financieros necesarios para el adecuado funcionamiento y operatividad de la SMA y de la Propaet serían considerados por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local al integrar el proyecto de decreto de ley de egresos.
Cabe mencionar que, con la reforma, se armonizan también los términos de la normatividad estatal para sustituir el nombre de la extinta Coordinación Genera de Ecología por el de Secretaría de Medio Ambiente, con base en la última enmienda a Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
