Conurbación con Puebla: omisiones gubernamentales
Por José Luis Ramírez Romero
El conflicto territorial entre los municipios de San Pablo del Monte y Puebla capital no es nuevo.
En las últimas dos décadas, los habitantes de la comuna tlaxcalteca han solicitado a los gobiernos en turno dar certidumbre sobre la tenencia de la tierra, a fin de regularizar el patrimonio de familias afectadas por la falta de ordenamiento territorial en la zona limítrofe con Puebla.
Han acusado “desorden” y “anarquía” en comunidades como San José del Conde, San Salvador Tepexco, Alianza Popular, La Josefina y la parte de sur de Tlaltepango, cuyos núcleos poblacionales tienen en su mayoría varias décadas de formación.
Uno de los problemas inmediatos por la indefinición de límites territoriales son los pagos de impuesto predial, los permisos de construcción y los derechos de escrituración, pues a decir de las autoridades, incluso de los propios pobladores, se realizan en municipios que no corresponden, porque predios localizados en San Pablo del Monte pagan derechos en municipios del Estado de Puebla.
Incluso, se presume la existencia de escrituras apócrifas desde hace varios años, razón por la cual, en San Pablo del Monte, se ha pedido que se regularice la situación a partir de un Decreto Presidencial de 1899, el cual, para muchos efectos, resulta anacrónico en estos momentos.
El 11 de junio de 2002, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala firmaron el Convenio de Coordinación para el Ordenamiento Territorial, el cual comprometió la creación de comisiones interestatales y la gestión de recursos para la operación de programas y la elaboración de estudios enfocados a enfrentar los efectos de la conurbación en la zona metropolitana que comparten ambas entidades y que, actualmente, es la cuarta más poblada del país.
Pero a 20 años de distancia, este instrumento, y otros más que le precedieron, no han logrado incidir de fondo en los problemas sociales derivados del crecimiento irregular de los núcleos de población en la zona limítrofe. Y el problema de postergarlos mantiene a varias localidades marginadas del desarrollo, sencillamente, porque los gobiernos no invierten en aquellas áreas que no consideran dentro de su ámbito de competencia.
En el proceso electoral de 2004, Héctor Ortiz Ortiz, quien a la postre se convirtió en Gobernador del Estado de Tlaxcala, asumió como compromiso de campaña firmado ante Notario Público la ordenación urbana de San Pablo del Monte, cuyo estatus quedó “en estudio, por parte del Gobierno del Estado y del Municipio”, a término de su gestión.
Esta y otras situaciones evidencian graves omisiones gubernamentales que atentan contra la seguridad jurídica a la que tienen derecho las personas que las habitan.
Un caso polémico fue el de San José del Conde, donde el Infonavit permitió la creación viviendas en el área conocida como Los Cerritos, a pesar de que ahí se explotaban materiales y pasaban líneas eléctricas y un gasoducto.
Otro más ha sido el de la Vía Corta, en la cual se consintió la invasión de zonas federales para la instalación de asentamientos humanos irregulares.
Los llamados al Congreso de la Unión tampoco han tenido respuesta, ante la falta de continuidad y seguimiento a los presupuestos especiales para cumplir con demandas de proyectos de infraestructura y programas sociales que eleven la calidad de vida en la región.
En diciembre pasado, el Congreso del Estado de Tlaxcala formuló un exhorto al Senado de la Republica para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, conozca del asunto referente a los conflictos entre Tlaxcala y Puebla por motivo de sus límites territoriales. También, lo hizo extensivo al Congreso del Estado de Puebla para unir esfuerzos y garantizar seguridad jurídica a la población de ambas entidades federativas.
No obstante, como todo exhorto, quedó a la libre voluntad de las partes la posibilidad de cumplir su propósito.
