CONGRESO DE TLAXCALA NO REVELA INFORMACIÓN SOBRE INTERESES PERSONALES DE DIPUTADOS

• Informe preliminar de Transparencia Mexicana indica que otros 17 congresos locales incumplen medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses de legisladores.
• En México, solamente el 16% del total de los congresistas del país presentó y publicó sus intereses como lo establece la legislación.

Por José Luis Ramírez Romero

El Congreso del Estado de Tlaxcala es uno de los 18 en el país que no revela información necesaria para prevenir y evitar conflictos de interés de sus diputadas y diputados, de acuerdo con un informe preliminar a la Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC) de Transparencia Mexicana.

El documento refiere que, en los congresos de Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas “no fue posible conocer los intereses de ninguno de sus legisladoras y legisladores”, incluso, tras revisar las cuatro plataformas de información habilitadas por ley para este fin.

En este contexto, la asociación civil expone que, en México, no hay un solo órgano legislativo –ni estatal, ni federal– en el que el ciento por ciento de sus legisladoras y legisladores cumplan con las medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses.

Según el informe realizado por la UTRAC, “Aguascalientes es el órgano legislativo del país en el que un mayor número de legisladores publican información sobre aquellos intereses que pueden entrar en conflicto con su función legislativa”, con 41%. Le siguen, en número de congresistas que publican información sobre sus intereses, la Cámara de Diputados federal (33%) y el Congreso de Quintana Roo (24%).

El análisis muestra que, en total, el país tiene mil 741 legisladoras y legisladores, de los cuales 628 son federales y mil 113 locales.

Sin embargo, dentro del periodo de levantamiento de información, se identificó que una curul en el Senado de la República y otra en el Congreso de Oaxaca se encontraban vacantes, por lo que la investigación tomó en consideración únicamente a las y los mil 739 legisladores que se encontraban en activo a nivel federal como estatal.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, solamente 277 legisladores en México, es decir, el 16% del total del país presentó y publicó sus intereses como lo establece la legislación.

El 84% de los legisladores restantes, esto es, mil 462, no publicaron su declaración, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata, o sencillamente dijeron “no tener intereses”.

Ante tal situación, la organización anticorrupción, que desde 2007 ha abordado la agenda para la prevención y mitigación de conflictos de intereses en las decisiones públicas del país, inició desde el pasado 01 de junio una revisión al cumplimiento de los mecanismos para prevenir y evitar conflictos de intereses en el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales.

Lo anterior, al observar que la Ley General de Responsabilidades Administrativas fija el 31 de mayo como la fecha límite para que las y los legisladores presenten y publiquen su declaración patrimonial y de intereses, y que los órganos internos de control son responsables de iniciar un proceso de investigación y sanción contra aquellos servidores públicos que incumplen esta disposición legal.

La organización civil estima que, cuando un legislador o legisladora no hace pública la información sobre sus intereses personales, como, por ejemplo, participar en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones, sindicatos o tiene clientes en el sector privado o público, incrementa el riesgo de conflicto durante su gestión: “En México, la ley establece que todo servidor público tiene la obligación de presentar y publicar una declaración de intereses para verificar que las decisiones tomadas se hagan en nombre del interés público y no para su beneficio personal”.

“Los y las legisladoras toman decisiones fundamentales para la vida y el futuro del país: desde la aprobación de la cuenta pública hasta reformas constitucionales en materia de recursos estratégicos naturales como petróleo, gas, agua, minería y otros. En muchos de estos temas puede existir un potencial conflicto de intereses del o la legisladora”, advierte.

En el ámbito federal, 433 de 627 legisladoras y legisladores que integran las cámaras de Diputados y de Senadores, equivalentes al 69%, no revelaron información sobre aquellos intereses personales que pueden entrar en conflicto al momento de tomar una decisión pública.

En el ámbito local, mil 029 de los mil 112 legisladores y legisladoras de los 32 congresos estatales, que representan el 93%, se encuentran en los mismos supuestos de no revelar sus intereses.

El análisis preliminar indica que no fue posible identificar la declaración de intereses de 391 congresistas en ninguna de las plataformas habilitadas para tal fin: la Plataforma Nacional de Transparencia, la Plataforma Digital Nacional, el sitio web oficial de su Congreso, o la Plataforma Digital Estatal -para aquellos estados que ya cuentan con una-”, lo que implica una falta con lo dispuesto por la Constitución y las leyes secundarias aplicables.

“El mayor riesgo en términos de potenciales conflictos de intereses está en el grupo de 391 legisladores que no cumplieron con su obligación de presentar y publicar su declaración de intereses: 22.5% de los mil 739 legisladores federales y estatales. Este grupo, que no publicó su declaración de intereses, se integra por 373 legisladores estatales y 18 federales”, apunta el estudio.

Transparencia Mexicana pidió a las mesas directivas, los órganos internos de control y las secretarías generales, ejecutivas o técnicas de los órganos legislativos del país, a que contribuyan al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para que las y los diputados presenten, publiquen y abran sus intereses.

“Tanto las y los legisladores, como quienes están a cargo de verificar la información presentada en estas declaraciones, deben contribuir al cumplimiento de este mecanismo para prevenir conflictos de intereses en la función legislativa como lo instruye el marco legal vigente”, añade.