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BUSCAN QUE ESCUELAS ELABOREN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR Y ATENDER CASOS DE BULLYING

  • En educación básica, la cifra de alumnos que sufren agresiones en la entidad se incrementó de 15.9% a 23%; Tlaxcala ocupa el noveno lugar nacional en este problema: ENDIREH.
  • La SCJN estableció que la omisión, por parte de las autoridades escolares, en la atención de estos problemas es motivo de responsabilidad civil, administrativa y hasta penal.

Por José Luis Ramírez Romero

El diputado Vicente Morales Pérez (Morena) planteó modificar diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, a efecto de avanzar en la prevención de la violencia escolar en la entidad.

En este contexto, el legislador recordó que, al resolver el Amparo Directo 35/2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la omisión, por parte de las autoridades escolares, en la atención de problemas de bullying es motivo de responsabilidad civil, administrativa o en su defecto penal, “considerando que el acoso o violencia escolar es un atentado a la dignidad, integridad física y educación de la niñez”.

Por ello, “la protección a la niñez y la adolescencia, por parte del Estado, debe ser particularmente elevada, ya que en base a la experiencia que viven día a día los menores se genera en ellos efectos psicoemocionales y sociales a largo plazo”.

En este contexto, Vicente Morales indicó que, en educación básica, la cifra de alumnos que sufren agresiones en la entidad se incrementó de 15.9% a 23%, en el periodo comprendido de octubre de 2020 a octubre de 2021, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), por lo que Tlaxcala se situó en el noveno lugar nacional.

Es por ello que, a través de la iniciativa que presentó al Pleno del Congreso local, pretende que las instituciones educativas del Estado de Tlaxcala elaboren su propio protocolo de actuación en casos de violencia escolar, y que, a través de su implementación, traten de resolver casos detectados privilegiando el diálogo.

A la par de lo anterior, la enmienda plantea que las escuelas adopten las medidas preventivas, de actuación y correctivas necesarias, “de tal manera que tengan conocimiento de las situaciones de riesgo en que se encuentra el alumnado”, como cambios de comportamiento, temores y crisis, que muevan al menor al aislamiento, a fugarse del hogar, a desertar de la escuela o tener manifestaciones autoagresivas, entre otros.

De este modo, abundó, se busca lograr que el Estado pueda garantizar y proteger su dignidad humana, el derecho a la educación y una vida libre de violencia.

La iniciativa se turnó a la Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.