Municipios

Ayuntamiento de Zacatelco debe recomendaciones de DDHH desde 2022

La administración actual tendrá que afrontar las sanciones dictadas por la CEDHT, por no actuar correctamente

El alcalde y el ayuntamiento de Zacatelco están en deuda con al menos dos personas, a quienes tienen que garantizar atención a las recomendaciones por malos actos en los que incurrieron las autoridades municipales desde 2022.

La administración municipal actual tendrá que enfrentar y acatar las disposiciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) emitió 3 años después, ya que determinó que en dos ocasiones las autoridades municipales violentaron los derechos de la víctima a la legalidad.

El primer caso se refiere al robo de una casa habitación, en donde la CEDH determinó que tres autoridades del ayuntamiento incurrieron en responsabilidad por sus actos y omisiones; aquellos se deben a que violentaron los derechos de la víctima a la legalidad, la seguridad jurídica, propiedad y posesión.

la CEDH recomienda al presidente municipal que instruya al Órgano de Control Interno del ayuntamiento investigue las faltas en las que incurrieron las autoridades señaladas; atender la garantía de rehabilitación; instrumentar cursos de capacitación en materia de derechos humanos, al personal de seguridad y vialidad pública y que se haga pública la recomendación de la que fue objeto.

La segunda recomendación se refiere a un caso de despojo a una persona donde la intervención inadecuada de las autoridades municipales violó derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y buenas prácticas de la administración pública.

La CEDH recomienda al ayuntamiento de Zacatelco instruir a la persona titular del Órgano Interno de Control con la finalidad de investigar las posibles faltas en que incurrieron las autoridades responsables en este caso, durante la administración 2021-2024.

Una tercera recomendación se expidió para que el ayuntamiento instruya cursos de capacitación a personas servidoras públicas, específicamente dirigido a los presidentes de comunidad, con el objetivo de que conozcan sobre las obligaciones de los funcionarios en materia de derechos humanos.

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