ADVIERTEN RETROCESO EN NUEVA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL
Organizaciones de Tlaxcala y otras entidades llamaron a las autoridades federales a revisar la propuesta, puesto que contempla la eliminación de animales de la calle para el control poblacional, tema que ya se había superado en los estados
Por: Miguel Ángel Lara
Organizaciones animalistas de Tlaxcala y de otras entidades advirtieron un retroceso en la protección de animales de compañía y mascotas con la nueva Ley General de Bienestar Animal, y propusieron mesas de trabajo para su análisis antes de que este avance al Congreso de la Unión.
Los Observatorios Ciudadanos de Protección Animal (OCPA) de Tlaxcala, Puebla y Jalisco presentaron conjuntamente ante autoridades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal una alerta técnico-jurídica sobre el proyecto de Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y las reformas relacionadas con otros ordenamientos federales.
Los Observatorios advierten que, tras analizar el proyecto frente a los marcos jurídicos vigentes en las entidades federativas, algunas de sus disposiciones podrían representar una regresión en materia de protección animal y limitar avances alcanzados en las legislaciones locales.
Una de las principales preocupaciones se relaciona con el tratamiento de los perros y gatos en situación de calle. Los Observatorios señalaron que determinadas disposiciones y conceptos contenidos en el proyecto podrían generar márgenes de discrecionalidad para permitir o facilitar prácticas de eliminación sistemática bajo argumentos de control poblacional.
Ante ello, advierten que la matanza de animales no debe utilizarse como mecanismo ordinario para resolver problemas de población animal en situación de calle. Consideran que la legislación debe privilegiar medidas de prevención, atención y control poblacional éticamente sustentadas, en lugar de convertir la eliminación de animales en una respuesta institucional.
Como alternativa, propusieron reconocer jurídicamente la figura de Animal Comunitario y establecer programas permanentes de Captura, Esterilización, Vacunación y Retorno (CER/TNVR), acompañados de los recursos y capacidades institucionales necesarios para su aplicación. El objetivo es que la intervención encestas poblaciones se atienda mediante estrategias preventivas y sostenibles.
Los Observatorios también plantean que cualquier procedimiento de eutanasia debe responder a una valoración individualizada y realizarse bajo criterios médicos establecidos por una persona médica veterinaria con cédula profesional, evitando que esta práctica se convierta en una herramienta ordinaria de control poblacional.
Otro punto central de la alerta es el alcance que debe tener una Ley General. Los Observatorios sostuvieron que esta debe establecer un piso mínimo nacional de protección, y no un techo que limite los avances alcanzados por las entidades federativas.
Por ello, consideran indispensable que los estados puedan conservar y desarrollar disposiciones que otorguen mayores niveles de protección a los animales sin distinción de especie.
La alerta también advierte sobre diversos aspectos institucionales y regulatorios del proyecto, entre ellos la distribución de facultades entre autoridades federales, las obligaciones que asumirían los gobiernos locales y la necesidad de garantizar recursos y capacidad institucional para hacer efectiva la legislación.
Los Observatorios consideran que una nueva norma general no debe crear obligaciones que carezcan de condiciones reales para su cumplimiento.
Asimismo, señalan la necesidad de que el nuevo marco jurídico sea congruente con los avances científicos y técnicos contemporáneos en materia de bienestar animal, así como con estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Mientras tanto, aclararon que su objetivo no es obstaculizar la creación de una legislación general en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales, sino contribuir a que ésta represente un verdadero avance nacional, sea jurídicamente sólida, científicamente sustentada y garantice una protección efectiva.
Por ello, llamaron a las autoridades responsables del proceso legislativo y al Poder Ejecutivo Federal a revisar de manera integral el proyecto antes de su eventual discusión y aprobación, particularmente las disposiciones que puedan generar retrocesos en la protección animal o permitir la muerte como mecanismo ordinario de control poblacional.
