Acusan a Garduño de ejercicio indebido de funciones por tragedia migrante
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó el martes a Francisco Garduño, comisionado del INM, por el ejercicio ilícito de servicio público y por omisión en sus obligaciones, que llevaron a la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido hace casi un mes en un centro de detención de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Otros seis agentes del Instituto Nacional de Migración ya están bajo proceso.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditan que el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, tenía entre sus funciones salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados. También debía revisar las condiciones de las estaciones migratorias y cerrarlas si no cumplían las condiciones para garantizar la seguridad de los migrantes, cosa que no hizo.
La fiscal del caso alegó que disponía de grabaciones de video en las que los guardias de seguridad pidieron permiso a los agentes de Migración para permitir la salida de los migrantes tras el incendio y éstos se lo negaron.
Asimismo, se señaló que Garduño tenía copia de oficios en los que se advertían de actos y transacciones irregulares dentro de las instalaciones y en los que algunos migrantes denunciaban que les cobraban mil dólares para conseguir salir del centro migratorio. Entre las pruebas, se mencionaron las grabaciones que hicieron las 16 cámaras de video desde las 8:00 de la mañana del 27 de marzo hasta la medianoche de ese día. Entre quienes se presentaron como víctimas de Garduño estaban, entre otros, la guardia de seguridad que salvó a las mujeres, Angélica Hinojosa, y el coordinador de la empresa de seguridad privada que también estaba presente la noche del incendio.
Horas después de esta audiencia, otro juez deberá decidir si procesa o no por ejercicio ilícito del servicio público al otro directivo involucrado, Antonio Molina, encargado de los procesos de verificación migratoria.
Cuarenta migrantes, la mayoría centroamericanos y venezolanos, murieron asfixiados y casi una treintena resultaron heridos en el incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, junto a la frontera con Estados Unidos.
