Acuerdan la transferencia de atribuciones y recursos a nuevas dependencias estatales
- Derivado del Programa de Reingeniería Gubernamental del Estado de Tlaxcala
Por: José Luis Ramírez Romero
En el Poder Ejecutivo se concretaron las acciones de transferencia y reestructuración de la administración pública estatal, derivado del Programa de Reingeniería Gubernamental del Estado de Tlaxcala.
En el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Transferencia de Atribuciones y Recursos de la Administración Pública del Gobierno de Estado de Tlaxcala, celebrada el pasado 31 de diciembre de 2021, se abordaron los asuntos pendientes de resolver para el inicio de operaciones de las dependencias de reciente creación que entraron en funciones el primer día de enero de 2022.
Tras un análisis y revisión de la estructura organizacional de diversas entidades administrativas que integran la administración pública estatal, se determinó llevar a cabo la reestructuración necesaria para hacer un uso eficiente de los recursos públicos, evitar duplicidad de funciones y que la operación de las dependencias de reciente creación se lleve a cabo con eficacia y eficiencia.
Lo anterior, en términos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado aprobada por el Congreso local en agosto de 2021.
Por ello, a la nueva Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, le fueron trasferidas la Dirección de Desarrollo Urbano que se encontraba adscrita a la Secretaría de Infraestructura (SI) y el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (INDUVIT).
En este sentido, se determinó llevar a cabo las acciones relativas a la extinción de esta última instancia administrativa de conformidad con la legislación aplicable, así como aquellas indispensables para que la nueva dependencia inicie sus funciones con los recursos presupuestales asignados, así como los elementos humanos, materiales y financieros respectivos de las instancias incorporadas.
Por otra parte, trasladaron a la Secretaría del Trabajo y Competitividad la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Dirección de Trabajo y Previsión Social, ambas adscritas a la Secretaría de Gobierno (Segob), así como la Dirección del Servicio Estatal del Empleo, dependiente de la Coordinación del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario del Gobierno del Estado (Sepuede), con los recursos presupuestales asignados, así como los elementos humanos, materiales y financieros correspondientes a la extinta Junta.
De igual forma, se decidió sectorizar el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax) y el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) a la nueva dependencia.
En relación a la Secretaría del Bienestar, se incorporaron a su estructura la Dirección de Desarrollo Social, que se encuentra adscrita a la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Dirección de Desarrollo Comunitario que pertenecía a la Coordinación del Sepuede y el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), que también quedó extinto, y cuyos elementos humanos, materiales y financieros respectivos quedaron a su disposición.
Asimismo, se sectorizó el Instituto de la Juventud (ITJ) a dicha dependencia.
Respecto a la Secretaría de Cultura, quedó conformado con la plantilla, presupuesto, bienes y servicios que formaban parte del Instituto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), así como las unidades administrativas que lo integran, tales como: museos y casas de cultura y del Patronato “La Libertad” Centro Cultural de Apizaco.
Por último, la Coordinación General de Comunicación, quedó conformada con la plantilla, presupuesto, bienes y servicios de la desaparecida Coordinación General de Información y Relaciones Públicas (CGIRP).
Cabe recordar que la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública planteó una “reingeniería promovida en el marco del cambio de administración pública” basada en cuatro propósitos principales: la adopción del valor de austeridad en el quehacer público, la reducción de la corrupción, la centralización de funciones para hacer eficiente la administración pública, y la administración pública ejercida sobre la base de los derechos humanos.
