ACUERDA GOBIERNO ESTATAL MEDIDAS DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO

• Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo deberán racionalizar el gasto público y la contratación de servicios personales, así como reducir el gasto corriente, y priorizar la asignación de recursos a programas, obras y acciones de alto impacto.
• También, tendrán que simplificar los procesos administrativos y hacer eficiente la prestación de servicios a la población, “haciendo uso de tecnologías de la información y un esquema de gobierno electrónico”.

Por José Luis Ramírez Romero

El Gobierno del Estado emitió el acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización administrativa, así como de austeridad del gasto público, para el ejercicio fiscal 2023.

El documento elaborado conjuntamente por las secretarías de Finanzas (Sefin) y de la Función Pública (SFP), la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), y la Coordinación de Planeación e Inversión, indica que uno de los principales objetivos de la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros es que “el ejercicio de presupuesto sea austero, honesto, transparente e incluyente”.

Lo anterior, “a través del establecimiento de una política anual del gasto público para sentar criterios para su control, fortaleciendo la gestión financiera y su vinculación con el ejercicio del gasto público”, la cual se aplica de manera complementaria al Programa de Modernización y Reingeniería Administrativa, operado para “lograr un gobierno más eficiente, productivo y menos costoso, mediante la racionalización de su estructura, simplificación, sistematización de trámites y cancelación de programas de bajo impacto, así como mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía”.

Con estas acciones, el gobierno estatal pretende generar ahorros para proyectos estratégicos prioritarios en salud, seguridad, educación y desarrollo regional, en atención a “las necesidades de los más débiles y vulnerables”.

El acuerdo obliga a los titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, a racionalizar el gasto público y la contratación de servicios personales, reducir el gasto corriente, y priorizar, tanto la asignación de recursos a programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social, como la planeación y programación en proyectos y programas en materia de salud, educación, empleo y otros, “orientados al bienestar social dirigido a hombres y mujeres, niños, niñas, jóvenes y grupos vulnerables, aplicando el derecho humano”.

También, a procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración del presupuesto se oriente a atender las necesidades sociales prioritarias; simplificar los procesos administrativos y hacer eficiente la prestación de servicios a la población, “haciendo uso de tecnologías de la información y un esquema de gobierno electrónico”; y a promover una cultura de austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia y honestidad entre el Personal Servidor Público a su cargo.

Según el gobierno estatal, estas estrategias dan atención al “clamor ciudadano” de gastar menos y mejor, “para garantizar el cumplimiento de los programas sociales y disponer de condiciones presupuestarias para blindar al Estado ante cualquier eventualidad”.