EL PROYECTO DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO ESTATAL
Por José Luis Ramírez Romero
Uno de los objetivos primordiales del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 es la atención de la inseguridad, problema que es reconocido por los ciudadanos como el que exige mayor atención en este momento.
Tras la crisis sanitaria que derivó de la pandemia por Covid-19, las prioridades cambiaron.
Hoy, junto con la reactivación de la economía, el combate a la delincuencia es el principal reclamo social. Y en ese entendido, la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo del “Estado de derecho y seguridad” el primer eje de su programa de gobierno, el cual, asegura, se impulsará bajo “una perspectiva diferente”.
El documento reconoce que “la problemática de la inseguridad se ha recrudecido al adquirir formas inéditas de expresión con insospechadas consecuencias”, y advierte que, “de continuar aplicándose los mismos modelos y estrategias, los resultados serán un fracaso”.
“Por ello, es necesaria otra perspectiva, un cambio de visión, una forma diferente de entender las circunstancias y proponer otros esquemas de solución”, señala el PED.
¿Y cuál es esa perspectiva? “Atacar la raíz del problema que entraña la criminalidad, la cual tiene su origen en la corrupción y la descomposición del tejido social”.
El actual gobierno estatal considera que “hace falta idear y operar opciones de política desde enfoques diferentes, con un sentido integral y transversal, con planteamientos que consideren una visión multidisciplinaria, multifactorial y pluricultural, a fin de reorientar el combate a la delincuencia y reforzar el Estado de Derecho”.
Es por ello que, “atender esas dinámicas desde la responsabilidad de la autoridad local” implica, para el Poder Ejecutivo, acuñar la seguridad interior como “seguridad de prioridad local, integral y humanitaria”, a fin de “romper el paradigma de brindar una seguridad parcial, que refiere solo a la parte policial delictiva, penal, operativa y reactiva, para pasar a una seguridad que contemple en su concepto una plena integración de la seguridad humana (libertades y derechos), seguridad ciudadana (participación social) y seguridad comunitaria (comunidades, grupos y familias)”.
El gobierno estatal propone en ese entendido articular políticas públicas con seguridad interior, a partir de una agenda pública de trabajo integrada por los siguientes puntos:
1) Dar un trato distinto a los actos criminales, considerando sus causas y motivaciones básicas, así como el uso de la inteligencia y las aplicaciones tecnológicas para combatirlos.
2) Profundizar en la prevención, a fin de dirigir las acciones hacia la reducción de los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, para así abatir las distintas causas que las generan.
3) Considerar siempre la gestión de riesgos y la posibilidad de amenazas naturales, como epidemias, desastres, medio ambiente y falta de desarrollo, entre otras, como parte de las acciones de gobierno, a fin de estar prevenidos.
4) Desplegar distintas formas de comunicación con los gobiernos municipales, las autoridades de las comunidades, así como con el gobierno federal y las instituciones de seguridad nacional y naval, para estar enlazados y en coordinación permanente.
5) Mejorar la educación, la salud y la cultura para influir en la disminución de las causas que generan la pobreza y bajo las cuales se presentan los delitos.
6) Lograr la seguridad de la infraestructura urbana y social para el desarrollo social bajo una visión metropolitana.
7) Establecer el nuevo rol de los cuerpos de seguridad pública.
Este miércoles, el Gobierno del Estado presentó un informe de resultados en materia de seguridad pública, y justo es decir que, aunque la incidencia delictiva estatal no tiene la magnitud de otras entidades, como el Estado de México o la Ciudad de México, que ocupan los primeros lugares de actividad delictiva en México, la comisión de delitos aumenta y eso lo percibe la población.
Con la aprobación del PED, toca a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo llevar a cabo las acciones proyectadas y demostrar la utilidad de la nueva perspectiva bajo la cual fueron concebidas.
La gobernadora Cuéllar apuesta por el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, mayor capacidad de reacción inmediata, uso adecuado de la investigación policial, la planeación estratégica, la puesta en práctica de procesos públicos de innovación policial y creatividad en el área preventiva, el enfoque ciudadano y de proximidad policial; la mediatización de la actividad policial, cuidado de la imagen policial y la reputación de las instituciones de seguridad para recuperar la confianza ciudadana; y del trabajo transversal con dependencias e instituciones encargadas del arte, cultura, deporte y educación para crear ambientes sanos.
El diagnóstico es aceptable; las propuestas, académicamente adecuadas.
Es hora de llevarlas a la práctica.
