Propone poder ejecutivo medidas para enfrentar crisis del sistema pensionario estatal

• Sostiene que la reforma de 2013 fue insuficiente para garantizar las funciones de PCT y los servicios a los derechohabientes

Por: José Luis Ramírez Romero

La crisis financiera de Pensiones Civiles de Tlaxcala (PCT) representa un riesgo fiscal para el gobierno estatal.

Por ello, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 considera un incremento de 9.7% en el concepto Aportación a Pensiones, así como un Fondo para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles de 50 millones de pesos (mdp), a través de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), el cual estará sujeto a que se cumplan los pronósticos de ingresos y recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a que el estado reciba los recursos de participaciones federales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin), la reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, del año 2013, buscó depurar las prestaciones y servicios que proporciona esta institución. Incluso, estableció “un proyecto innovador” basado en dos regímenes pensionarios debidamente limitados, el Libro A o Temporal de Reparto, y el Libro B o Permanente de Ahorro Personal.

Gracias a ello, los ingresos propios de PCT se vieron incrementados, pues mientras en los años 2011 y 2012, las aportaciones y retenciones fueron de 100.9 mdp y 103.3 mdp, respectivamente, en 2013 ascendieron a 205.9 mdp; en 2014, a 221.2 mdp; en 2015, a 223.9 mdp; en 2016, a 248.9 mdp; en 2017, a 275.2 mdp; en 2018, a 267.1 mdp; en 2019, a 290.9 mdp; y en 2020, a 364.2 mdp, mientras que al cierre de septiembre de 2021, fueron de 247.7 mdp, lo que hace una suma de 2 mil 549.2 mdp en esa década.

Sin embargo, a decir del actual gobierno, a pesar de las diferentes medidas establecidas desde entonces para que no se paralizaran las funciones de PCT y los derechohabientes continuaran recibiendo atención, estas no han sido suficientes.

Y es que, en años recientes, la población en edad de pensionarse crece a una tasa mayor que la población más joven, y esta transición demográfica “representa un reto para la sostenibilidad de las finanzas públicas, debido al incremento esperado en el gasto en pensiones y en salud asociado al crecimiento de la población de mayor edad”.

Bajo este escenario, y con la finalidad de coadyuvar en el saneamiento de PCT, el Poder Ejecutivo otorgó, de 2011 al cierre de 2021, aportaciones extraordinarias por al menos 746.7 mdp. Asimismo, para impulsar el otorgamiento y recuperación de créditos, de 2013 a 2016, aportó 150 mdp.

De acuerdo al último estudio actuarial de las pensiones del Estado de Tlaxcala, elaborado por Valuaciones Actuariales del Norte S.C. Consultoría Actuarial, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y con una vigencia al ejercicio 2023, se tiene una reserva actuarial de 382.55 mdp, con una población afiliada activa de 8 mil 567 trabajadores y 2 mil 237 pensionados.

Cabe recordar que, en 1958, surgió la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, y se emitió la Ley de la materia, que contemplaba como prestaciones originales: Pensiones directas para los trabajadores, préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios, lograr en propiedad o arrendamiento casas o terrenos propiedad de la Dirección de Pensiones Civiles y devolución de los descuentos hechos a funcionarios o empleados comprometidos en la Ley de Pensiones Civiles cuando los mismos se separen del servicio.

En 1974, se emitió una nueva Ley de Pensiones, la cual adicionó un seguro de vida; y en 1984, se emitió una legislación con cambios notables en prestaciones: jubilación, seguro de vida, pensión de vejez, pensión por muerte, pago de póstumo a los servidores públicos, pensionados y jubilados, préstamo a corto plazo, préstamo hipotecario, crédito para adquisición de casa o terreno para su construcción destinada a la habitación familiar del servidor público.

El acumulado de estos beneficios, sin la planificación adecuada de las aportaciones y retenciones, a partir de la proyección del comportamiento demográfico, genera una presión al sistema pensionario estatal que, actualmente, enfrenta un escenario de crisis.