Reconoce DDESER eliminación de obstáculos injustificados para acceso a la salud reproductiva
Tlaxcala se suma a los 24 estados que ya deben garantizar el derecho a decidir, fortaleciendo un mapa nacional donde la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar es reconocida como eje central de la justicia reproductiva
Por: Isabel Polvo
Las organizaciones Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. y Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, junto a defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, calificaron como un «avance fundamental» la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional la criminalización del aborto en Tlaxcala.
Con esta resolución, Tlaxcala se une a las 24 entidades del país que deben garantizar el derecho a decidir, consolidando un mapa nacional donde la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar se reconoce como un eje de justicia reproductiva.
Para las colectivas, la decisión de la Corte invalida disposiciones que históricamente funcionaron como mecanismos de control, tales como la exigencia de denuncias, autorizaciones judiciales o condicionamientos para acceder a servicios de salud.
«Su eliminación constituye un acto de reparación histórica y un límite claro frente a intentos estatales de imponer requisitos que vulneran la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad», señalaron las organizaciones en su comunicado.
La resolución reafirma que los derechos reproductivos no están sujetos a negociaciones morales o políticas, obligan al Estado a remover barreras que impidan su ejercicio pleno, y son incompatibles con cualquier forma de criminalización penal.
“En Equidad y ddeser celebramos esta victoria jurídica, pero sobre todo la lucha de las mujeres, colectivas y organizaciones que durante años han acompañado, litigado, informado y sostenido la exigencia de que ninguna persona sea criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo”.
Si bien celebran esta victoria jurídica producto de años de litigio, acompañamiento e información por parte de la sociedad civil, las organizaciones advirtieron que la despenalización es solo el primer paso.
La exigencia ahora se centra en que el Gobierno de Tlaxcala garantice que los servicios de aborto seguro y la atención a víctimas de violencia sexual se brinden de manera inmediata, accesible, y con enfoque de derechos humanos.
«Seguiremos trabajando hasta que la justicia reproductiva sea una realidad en todo el país, construyendo territorios donde decidir sea un derecho real y no solo una promesa legal», concluyeron.
