EN TLAXCALA, DE CADA PESO APROBADO AL PODER LEGISLATIVO, 20 CENTAVOS SON PARA EL OFS

• Estudio advierte que la asignación presupuestal desproporcionada entre el Congreso local y su órgano de fiscalización plantea un riesgo para la función de revisar y evaluar las cuentas públicas.

Por José Luis Ramírez Romero

En Tlaxcala, el 20.4% del Presupuesto del Poder Legislativo para este año corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que tienen la función de revisar y evaluar las cuentas públicas, tanto de las entidades gubernamentales como de los organismos autónomos y las empresas paraestatales de la entidad.

Dicha proporción es la doceava más baja en el contexto de las 32 entidades federativas del país, lo que indica la falta de una distribución más equilibrada para cumplir mejor con la función fiscalizadora que tiene a su cargo, ya que el Congreso local acapara el 79.6% del gasto total de la soberanía.

Y ello se aprecia en el costo por habitante, pues mientras el del Congreso del Estado ascendió a 235.1 pesos, el del OFS, a 60.1 pesos, para este año.

Así lo revela el Informe Legislativo 2023 “El ABC de los Congresos y auditorías”, presentado recientemente por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual analiza la estructura normativa y el presupuesto de los Poderes Legislativos de las entidades federativas en México, con base en los presupuestos estatales aprobados para el presente ejercicio fiscal.

Según el estudio, en lo que respecta a la asignación del presupuesto del Poder Legislativo, el promedio a nivel estatal muestra una tendencia a asignar más recursos al Congreso que al órgano de fiscalización.

Esto significa que, en México, la mayor parte del gasto de los Poderes Legislativos estatales se destina a las asambleas legislativas: 74% del total, equivalente a 15 mil 715 millones de pesos (mdp). Y el 26% restante, que representa un monto de 5 mil 482 mdp, es para los órganos fiscalizadores.

A nivel nacional, hay tres estados tienen una distribución equilibrada en el sentido de asignar la mitad de los recursos a cada institución: San Luis Potosí (50.8% para el Congreso y 49.2% para su ente fiscalizador), Coahuila (51.2%/48.8%) y Puebla (51.9%/48.1%).

Y así se refleja en los costos por habitante, que en el primer caso son de 106.4 y 103 pesos para el Congreso y el órgano de fiscalización, respectivamente; y de 67.3 y 64.2 pesos, y 67.3 y 64.2 pesos, en el segundo y el tercero, en tal orden.

Sin embargo, en entidades como Durango (93.4%/6.6%) y Morelos (91.2%/8.8%), el órgano de fiscalización recibe montos inferiores, que representan entre siete y nueve centavos de cada peso aprobado al Poder Legislativo.

Ahí, los costos por habitantes son los más desproporcionados, ya que, mientras el del congreso duranguense es de 217.5 pesos, el de su órgano de fiscalización es de apenas 15.4 pesos; y en tanto el costo del congreso morelense es de 232.9 pesos, el de su ente fiscalizador es de 22.4 pesos.

Para el IMCO, “los Congresos pueden ser un actor importante cuando participan activamente durante el ciclo presupuestario, es decir, ejercen sus facultades para introducir cambios al presupuesto, debaten las partidas de gasto y practican su poder de revisión de los informes de finanzas y las cuentas públicas”.

No obstante, “la asignación desproporcionada entre los entes legislativos plantea un riesgo para el funcionamiento de los órganos de fiscalización”, ya que, en las 32 entidades federativas, existen diferencias significativas: “En diez estados se destina menos del 20% del presupuesto del Poder Legislativo a sus auditorías estatales. Y en términos relativos, hay diferencias en los presupuestos asignados a las auditorías cuando se comparan en proporción a la población de cada estado”.

“Cuando no existe vigilancia y fiscalización, los Congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno”, advierte el centro de investigación.

En términos absolutos, la auditoría con más recursos es la del Estado de México (421.3 mdp). Por otra parte, Durango (29.3 mdp) y Baja California Sur (33 mdp) son los que menos recursos destinarán en el presente año.

En Tlaxcala, al OFS se le asignaron recursos por 85.2 mdp, mientras que, al Congreso estatal, 333.4 mdp, lo que hace un total de 418.6 mdp para el Poder Legislativo en este 2023.