TLAXCALA, SIN REGISTRO DE ADOLESCENTES INTERNADOS POR DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS
- Fue uno de los 18 estados con una proporción menor al 1% de adolescentes imputados por presuntos delitos de narcomenudeo.
Por José Luis Ramírez Romero
Tlaxcala es uno de los 16 estados del país en cuyos centros especializados de tratamiento o internamiento no se reportaron adolescentes internados por delitos relacionados con drogas, al cierre de 2021.
Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que desde 1988 conmemora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 26 de junio.
Lo anterior, con el propósito de concientizar a los países sobre la importancia de reducir la demanda y oferta de sustancias ilegales debido a su impacto en la salud, la economía y en la calidad de vida de la población.
En esta ocasión, el INEGI puso a disposición del público información estadística sobre la población adolescente en conflicto con la ley por delitos relacionados con drogas.
En 2021, las procuradurías y fiscalías generales de justicia del país imputaron a tres mil 260 adolescentes por presuntos delitos de narcomenudeo, lo que representó 14.4% del total de personas adolescentes imputadas por delitos del fuero común.
Las y los adolescentes imputados cometieron, presuntamente, tres mil 285 delitos relacionados con drogas, ilícito del fuero común considerado el tercero por el que más se imputó a personas de este grupo poblacional, después de robo y lesiones. Dicha cifra representó 14% del total de delitos.
Se estima que, de 2015 a 2021, la población adolescente imputada por presuntos delitos de narcomenudeo disminuyó 23%. En ese periodo, la reducción de personas adolescentes imputadas por delitos del fuero común fue de 45.9%.
Los estados de Guanajuato, México, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila concentraron 73% de las personas adolescentes imputadas por presuntos delitos de narcomenudeo. Por el contrario, las procuradurías de justicia de Baja California Sur e Hidalgo y la fiscalía de Nayarit no reportaron haber imputado adolescentes por dicho delito en 2021.
En el caso de Tlaxcala, fue uno de los 18 estados con una proporción menor al 1%, según datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2022.
Al cierre de 2021, mil 233 personas adolescentes se encontraban privadas de la libertad por la comisión de algún delito. De estas, 208 (16.9%) lo estaban por delitos de narcomenudeo, lo que significa un aumento de 47.5 % respecto a 2015.
Morelos, Sonora y Zacatecas concentraron 67.3% del total de personas adolescentes internadas por la comisión de algún delito de narcomenudeo. Además, Morelos y Sonora mostraron una tendencia al alza en la cantidad de personas adolescentes privadas de la libertad por delitos de narcomenudeo, durante el periodo de 2015 a 2021.
Los centros especializados de tratamiento o internamiento ubicados en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala, no tuvieron registro de adolescentes internados por estos delitos.
En el marco de la cooperación regional, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) actualizó la Estrategia Hemisférica sobre Drogas en 2020, lo que sujeta a los países miembros, entre ellos México, a desarrollar una política de drogas bajo los enfoques de salud pública y de seguridad.
Dicha política también debe reconocer las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad: mujeres, niñas, niños y adolescentes, entre otros grupos.
Al mismo tiempo, debe favorecer la inclusión social, reducir las desigualdades y priorizar los servicios de tratamiento y rehabilitación como medida alternativa al enjuiciamiento penal, así como a la privación de la libertad de quienes consumen drogas.
De acuerdo con la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de 2020, los Estados tienen la responsabilidad de ofrecer servicios de prevención y tratamiento para quienes consumen drogas, en especial para las personas privadas de su libertad, como parte de las medidas orientadas a la reinserción social.
