PIDEN QUE EL ESTADO DÉ RESPUESTA INMEDIATA A VÍCTIMAS DEL DELITO
- Con modificaciones legales, consideran la implementación de recursos de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación, incluso, de cobertura de gastos, cuando los ilícitos superen las condiciones de necesidad de las víctimas.
Por José Luis Ramírez Romero
A fin de integrar la inmediata respuesta como un principio especial en la legislación victimal estatal, el diputado José Gilberto Temoltzin Martínez (PAN) propuso una serie de reformas y adiciones a la Ley de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, consideró que la esfera de protección de las víctimas y ofendidos del delito en la entidad debe asegurar la restitución prioritaria y oportuna de sus derechos, a efecto de que el Estado le responda a las personas de manera completa cuando, fortuitamente, adquieren la calidad de víctima.
En este sentido, las modificaciones a la Ley consideran la implementación de recursos de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación, incluso, de cobertura de gastos, “hasta en tanto se supere las condiciones de necesidad relacionadas de manera directa con el hecho victimizante cuando este derive de un delito o violación a derechos humanos”.
Lo anterior, al estimar que, en la mayoría de los casos, los ilícitos provocan en las víctimas un estado de desestabilización económica, “el cual es necesario reducir al máximo, así como permitir o facilitar que la víctima regrese a sus actividades cotidianas lo más pronto posible, en la medida de las posibilidades o afectaciones sufridas”.
Por ello, Temoltzin Martínez planteó que los recursos de ayuda se implementen para beneficiar de manera inmediata a las víctimas directas o indirectas, en la solventación de necesidades Inmediatas, que por su naturaleza no pueden ser aplazadas.
De esta forma, “los recursos de ayuda podrán ser aplicados en gastos como lo son de alimentación, de aseo personal, para la adquisición de artículos de primera necesidad, apoyo a traslados o en su caso para solventar los gastos por servicios funerarios, los cuales serían solventados del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de daño de las víctimas y Ofendidos”.
En este sentido, “lo que se pretende materializar es que las víctimas y ofendidos del delito se coloquen en el principal punto de encuentro de la toma de decisiones y acciones de los operadores de la ley, con el fin de resolver la afectación sufrida por el hecho victimizante como elemento fundamental para cumplir con los principios de no revictimización”, señalados en la Constitución Política federal y en la Ley General de Víctimas.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
