Avanza México y Tlaxcala en términos de normatividad con aprobación 3 de 3: Asociación Civil
- No pueden tener puestos públicos las personas no pagan las pensiones de sus hijas e hijos
Isabel Polvo
Maria Eugenia Romero Contreras, directora General de la Asociación Civil «Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C.», consideró que en términos normativos Tlaxcala como el país avanza, luego de la reciente aprobación de la minuta 3 de 3 contra la violencia.
Y es que, para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, en los tres órdenes de gobierno o de elección popular, los agresores sexuales, deudores alimentarios
o que hayan cometido algún tipo de violencia contra
mujeres, se suspenden sus derechos a ocupar un cargo, así lo establece las modificaciones hechas por el Congreso de la Unión
a los artículos 38 y 102
de la Constitución Política
federal y que Tlaxcala se sumó a esta decisión con la aprobación.
En ese contexto, Romero Contreras celebro que las personas que no pagan la pensión a sus hijos e hijas no podrán ser parte de un Congreso o tener puestos públicos, pues «no puede quedar en la impunidad, es un daño mayor».
Aunque, consideró que hay muchas formas de «escabullirse, tienen muchas complicidades con las empresas, diluyen, renuncian aparentan que no tienen ingresos muchas cosas muy desleales y los hombres tienen que asumir que tienen una responsabilidad con sus hijas e hijas».
De modo, que la aprobacion de la reciente Ley es un claro mensaje no solo para las personas que aspiran a ser políticos o tener un puesto público, sino para todas las personas.
«No podemos permitir seguir viviendo en una sociedad que le hace daño a las hijas de los hijos que no los toma en cuenta con padres irresponsables padres ausentes eso es llamar a la conciencia a cumplir con su responsabilidad», expresó en entrevista.
Resaltó que las mujeres que tienen hijos asumen toda la responsabilidad del cuidado, la crianza la manutención y muchas de ellas viven solas ese tema; pero además, las instituciones públicas y las leyes las castigan si las mujeres abandonan a sus hijos y a los hombres no.
De modo que existe un marco normativo inequitativo que hace que se ponga la carga de los cuidados y de manutención sobre las mujeres con todo lo que eso implica, porque además se limitan las posibilidades de ellas en cuanto a su desarrollo, posibilidades de trabajo y tienen que buscar quién les cuide a sus hijos e hijas.
Ello, después de las modificaciones que el
Congreso de la Unión realizó a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política federal en materia de suspensión de derechos para
ocupar un cargo de elección popular, servidor público, empleo o comisión del servicio en los tres órdenes de gobierno a los agresores sexuales, deudores alimentarios o que hayan cometido algún tipo de violencia contra mujeres.
