DESTACA CARRO ROLDÁN RESULTADOS DEL GOBIERNO DE CUÉLLAR EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA

• Durante comparecencia ante diputados locales, la titular de la PGJE resalto la disminución de delitos de alto impacto, el fomento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y el combate a la corrupción.

Por José Luis Ramírez Romero

La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, compareció ante diputados de la LXIV Legislatura local, con motivo de la Glosa del Primer Informe de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En este encuentro, la funcionaria estatal expuso diversos resultados obtenidos por la administración estatal, entre los que destacó que, durante cinco meses consecutivos, Tlaxcala se mantuvo entre los estados con menor índice delictivo en el país, además de que delitos como homicidio doloso, trata de personas, feminicidio, secuestro y robo de vehículos, han mostrado un comportamiento a la baja.

En su presentación ante los legisladores locales, indicó que la incidencia delictiva decreció en los últimos años. Refirió que, en 2022, se denunciaron 4 mil 415 ilícitos, lo que implica una disminución respecto a 2021, cuando se registraron 4 mil 527, o a 2018, que cerró con 6 mil 369 denuncias.

De manera especial, destacó el trabajo para atender los delitos contra la mujer.

En tal sentido, resaltó el fortalecimiento del trabajo jurídico en el área de violencia contra las mujeres, mediante el aumento de ministerios públicos, que pasó de cuatro a 15.  Además, en el Centro de Justicia para las Mujeres, se implementaron más de 13 mil 660 acciones, en beneficio de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de algún tipo de violencia.

En materia de feminicidio, explicó que en 2022 se registraron tres casos, cifra menor en comparación con la del 2018 (cuatro), 2019 (cinco), 2020 (ocho) y 2021 (10). Y respecto al delito de trata de personas, observó que, en 2022, no hubo denuncia por este delito; sin embargo, aclaró que se elevó un caso de años anteriores a carpeta de investigación. Y con relación a 2018 (21), 2019 (tres), 2020 (15) y 2021 (dos), los casos han venido a menos, con base en cifras oficiales.

Carro Roldán subrayó que, en este gobierno, se han focalizado acciones para abatir el rezago institucional heredado, y elevar la eficiencia y eficacia en la resolución de ilícitos socialmente sensibles.

Por ello, refirió que se han judicializado carpetas de investigación en delitos de alto impacto de años anteriores, y se dio orden a éstas para trabajar en la creación de un archivo con el que no se contaba, a fin de facilitar la ubicación de expedientes.

De hecho, subrayó las labores de mantenimiento emprendidas en las instalaciones de la PGJE, tras detectar que la institución contaba con muchas deficiencias, derivadas de una condición de deterioro y abandono, que ponía en riesgo al personal de la dependencia, así como a las víctimas y usuarios de la dependencia.

Al abordar la situación del delito de homicidio doloso, la procuradora señaló que se judicializaron 43 carpetas, 40 fueron vinculadas a proceso, se ejecutaron 40 órdenes de aprehensión con 44 imputados. Además, se trabajaron 5 mil 925 órdenes de investigación. 

Agregó que este ilícito ha venido a menos, con 131 casos en 2022, en comparación con 151 del 2019, y que tal tendencia se observa en el delito de secuestro, del cual se denunciaron cuatro casos en 2022, frente a 14 de 2019, 15 de 2020 y 10 de 2021.

En robo de vehículos, expuso que también ha habido una disminución significativa, pues mientras que en el 2022 se abrieron un total de mil 369 expedientes (en los que se recuperaron 442 vehículos y 149 unidades vehiculares fueron puestas a disposición), en 2019 se reportaron mil 595.

Uno de los puntos en que más puso énfasis la procuradora fue el relativo a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, pues favorecieron la resolución de más de 13 mil casos, y se recuperaron más de 68 millones de pesos a favor de las víctimas por reparación del daño.

Asimismo, resaltó la labor en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que en 2022 inició 415 carpetas, un aumento en comparación con 2021 (386), 2020 (261) y 2019 (400), que advierte que en la PGJE no se tolerarán conductas al margen de la Ley, ni actos de corrupción ni mucho menos impunidad.

Por ello, se judicializaron 79 carpetas en 2022, cuando en 2021 fueron 76; en 2020, 16; y en 2019, cero. Y en paralelo, se iniciaron 74 expedientes contra Ministerios Públicos y Policías de Investigación de la institución que la ciudadanía reportó por actuar en algún ilícito.

Ernestina Carro abundó que en al PGJE se ha fomentado la profesionalización y capacitación del personal, y que también se han cumplido con los mecanismos institucionales para avanzar en su certificación, a efecto de recuperar la confianza ciudadana en la institución de procuración de justicia.

Actualmente, el estado de fuerza que conforma la dependencia es de 183 Policías de Investigación, 132 Ministerios Públicos, 71 peritos y 318 administrativos.

Cabe mencionar que la comparecencia fue moderada por el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, en su calidad de Presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

Los diputados que formularon preguntas a la funcionaria estatal fueron Lenin Calva Pérez (Nueva Alianza), Mónica Sánchez Angulo (Encuentro Social), Brenda Cecilia Villantes Rodríguez (Morena), Jaciel González Herrera (PVEM), Reyna Flor Báez Lozano (Fuerza por México), Alejandra Ramírez Ortíz (PAC), Juan Manuel Cambrón Soria (PRD), Blanca Águila Lima (PRI), Diana Torrejón Rodríguez (PRI), Miguel Ángel Covarrubias (PT), José Gilberto Temoltzin Martínez (PAN), Gabriela Brito Jiménez (PT) y Lorena Ruíz García (PT).

Sus cuestionamientos se relacionaron con la manera en que la PGJE atiende delitos como el secuestro, la trata de personas, los feminicidios, el narcomenudeo y los distintos tipos de robo, como de vehículos y autopartes, y a casa habitación, así como desapariciones, delitos de género, denuncia electrónica, y acciones, políticas y mecanismos para fomentar la denuncia, la cultura de la paz, el combate a la corrupción, y la justicia alternativa, entre otros.