TLAXCALA NECESITA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA “DESESTRUCTURAR” LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

• Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Centro Fray Julián Garcés pidió que las actividades contra este fenómeno se articulen y tengan dirección.

Por José Luis Ramírez Romero

El Centro Fray Julián Garcés manifestó su preocupación por que la existencia de políticas públicas de la violencia contra las mujeres no se traduzca en una aplicación efectiva que desestructure dicho problema.

También, que prevalezca la posición gubernamental de minimizar la realidad de esta situación para salvaguardar la imagen del estado.

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización pro Derechos Humanos consideró que aún hay simulación en la atención de fondo de este fenómeno, pues, aunque en la formalidad las autoridades aprueban leyes y políticas, no se aplican o se limita su aplicación.

Ejemplo de ello es que, aunque se tiene decretada una alerta de violencia de género y se ha aprobó el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres para el periodo 2022-2027, en febrero pasado el gobierno estatal informó que la trata de personas había disminuido 83% en el estado, pero en los hechos “en las comunidades se sabe que las redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, y los mismos corredores de explotación, como lo es la Vía corta Chiautempan-Puebla, siguen activos”.

Por ello, estimó que las averiguaciones previas interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no deberían utilizarse como un indicador del decremento de la problemática, ya que en este año Tlaxcala únicamente ha reportado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) un caso de trata, “que en realidad es una Averiguación Previa”, pero de acuerdo con notas periodísticas, “de enero a octubre de este año se han detenido, por diferentes instancias de procuración de justicia, a 13 hombres señalados por trata de mujeres, originarios de los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte Teolocholco, Xicohtzinco y Zacatelco”.

Por otra parte, el Centro Fray Julián Garcés refirió que, en septiembre pasado, en medios de comunicación se dio a conocer que la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas del Gobierno de México, en una reunión con autoridades de Tlaxcala, acordó la creación de un refugio de atención a víctimas de trata, “pero nada se dijo sobre crear Modelos de atención a víctimas de trata de personas, siendo que, en tanto se construye un refugio y se tiene el personal capacitado y especializado en la problemática, es urgente que las y los servidores públicos implementen medidas adecuadas que garanticen la seguridad y la atención de las víctimas, aun cuando ellas decidan no denunciar”.

Asimismo, a finales de octubre, también se difundió que el Consejo Estatal contra la Trata de Personas “aprobó las acciones propuestas por el Grupo de Prevención que consisten en la impartición de un curso a servidores públicos de los 60 municipios; la creación de un directorio e instituciones, organismos y dependencias; y la elaboración de campañas de concientización”.

No obstante, “estas acciones muestran tres debilidades importantes: 1. No se articulan a lo aprobado en el Programa Estatal contra la Trata; 2. Se vuelve a centrar la acción gubernamental en la capacitación, sin que después se midan los impactos frente a la problemática; y 3. Insisten en las campañas de concientización, a pesar de que academia y sociedad civil hemos insistido que la concientización y prevención requieren de procesos educativos permanentes”.

Por otro lado, la asociación civil subrayó que los municipios deben asumir las tareas que les corresponden frente a la trata de mujeres, más allá de recibir capacitaciones con elementos generales, ya que observan diversas limitaciones para ejercer sus responsabilidades en esta materia.

Mencionó que, tras su acercamiento con los Institutos Municipales de la Mujer de 12 municipios, a los cuales se les entregó una Agenda de Acciones frente a la violencia y la trata de mujeres y niñas, se identificó que “cuentan con pocos recursos económicos, tienen poco personal, no tienen espacios adecuados para dialogar con las víctimas, desconocen sus facultades y obligaciones respecto a estás problemáticas, consideran que las dependencias estatales están saturadas para apoyarles, y los materiales que les proporcionan son pocos para la población en sus municipios”.

Bajo este panorama, el Centro estimó que “las políticas actuales parecen, en la práctica, actividades desarticuladas, y sin dirección”, por lo que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, solicitó al Gobierno del Estado y al Consejo Estatal contra la Trata de Personas, que se implemente de manera integral el Programa Estatal contra la Trata de Personas, y que se proponga desde el Ejecutivo, con la aprobación del Congreso local, el presupuesto suficiente para su operación.

Pidió que se determine a la brevedad un Mecanismo de seguimiento de operación del Programa Estatal referido, y que se vigile que cada institución encargada de implementarlo avance de forma coordinada lo que le corresponde. Junto con ello, que se establezcan plazos en los que serán desarrolladas las actividades planteadas, “pues existe el riesgo de que estas se aplacen, lo cual favorece la operación y expansión de las redes”.

En tal sentido, exigió la creación de mecanismos académicos para estudiar la situación,” pues solo dimensionándola en su justa dimensión es que se enfrentará de manera adecuada”, y que el análisis de la acción gubernamental tenga como base los indicadores de impacto establecidos en el Programa Estatal, a efecto de conocer “las transformaciones positivas reales que se están dando frente al problema”.

Finalmente, demandó el desarrollo “con urgencia” de acciones educativas, coordinadas por la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), encaminadas a transformar la mentalidad masculina explotadora o demandante de mujeres y niñas víctimas de trata, y que en los municipios se dejen de otorgar licencias de funcionamiento a antros, bares, moteles y otros negocios en los que pueda llevarse a cabo la explotación sexual de mujeres.