ENTRA EN VIGOR REFORMA QUE REGULA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN TLAXCALA
- Se evitarán prácticas “anárquicas” relacionadas con la decisión de elegir contratistas o determinar condiciones de contratación, terminación y recepción de las mismas: Vicente Morales
Por José Luis Ramírez Romero
El pasado 3 de junio entró en vigor el Decreto 108 por el que se reformó la fracción II del artículo 44, y las fracciones I y XX del artículo 73, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, a fin de evitar la discrecionalidad y la corrupción en el desarrollo de los procesos de licitación de obras públicas en la entidad.
Al respecto, el diputado local, Vicente Morales Pérez, destacó la importancia de esta enmienda publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, pues ahora las autoridades administrativas encargadas de contratar las obras seguirán criterios más claros para cumplir su función, con lo cual se evitarán prácticas “anárquicas” relacionadas con la decisión de elegir contratistas o determinar condiciones de contratación, terminación y recepción de las mismas.
Afirmó que, en pasadas administraciones estatales, la falta de claridad en los procedimientos para contratar obra pública dio la oportunidad de “saquear las arcas del gobierno con actuaciones apegadas a derecho”.
“Se podía inflar cifras o dar obras a los amigos a conveniencia, por ejemplo, o contar con partidas secretas. Pero eso tiene que terminar. Por eso aprobamos una nueva reglamentación en esta legislatura, y ya fue publicada en el Periódico Oficial”, dijo.
Morales Pérez, impulsor de la reforma, indicó que, ahora, la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG) tendrá a su cargo el proceso de licitación hasta el momento del fallo, así como la implementación de los mecanismos de control para el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, así como los precios unitarios.
Mientras tanto, la Secretaría de infraestructura (SI) será la encargada de contratar y supervisar las obras licitadas, facultad que antes tenía la OMG a pesar de no revisar el proceso de construcción ni darle seguimiento.
Agregó que las licitaciones públicas deben ser procesos transparentes que le permitan a los ciudadanos conocer cómo se utiliza el presupuesto para financiar la infraestructura que demanda, pues sólo de esta manera se pueden evitar desvíos de recursos, obras de mala calidad o con sobreprecios, y otras malas prácticas que afectan el destino del erario público.
