20 % de denuncias contra maestros son reales, dice Cutberto Chávez
Hay más de 100 denuncias contra maestros de diferentes niveles educativos, la mayoría falsas; el líder sindical se congratuló por el decreto aprobado en el Congreso que beneficia a los docentes
El 20 por ciento (%) de las denuncias que se han hecho en contra de maestros pertenecientes a la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) son reales, sostuvo el dirigente sindical, Cutberto Chávez de la Rosa.
Aunque se mostró congratulado al declarar que, de las más de 100 denuncias interpuestas por padres de familia, tutores y particulares, el 80 por ciento (%) han resultado falsas, lo preocupante es que al menos 20 de 100 docentes de diferentes niveles educativos acusados sí han cometido actos indebidos.
“Tenemos alrededor de más de 100 casos de docentes que han sido denunciados, de este número la gran mayoría, el 80 por ciento han resultado falsos”. Los profesores, sostuvo, son de preescolares, primarias y secundarias de los diferentes subsistemas.
El dirigente sindical señaló que las denuncias dañan la imagen de los profesores, sobre todo cuando no tienen fundamentos, pero en caso de que resulten ciertas no defenderán lo indefendible, aunque no aclaró si los casos solo se quedarán en un llamado de atención o si igual que como lo aplica la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) al separarlos de su centro de trabajo, en el sindicato son despedidos del gremio.
Lo anterior al celebrar la aprobación de la iniciativa del Congreso del Estado mediante la que se castigará con cárcel a las personas que difamen a los maestros y se endurecen las sentencias en caso de que alguien violente o en su caso prive de la vida a un docente.
Cutberto Chávez sostuvo también que de parte de la Sección 31 del SNTE ya trabajan en coordinación con las autoridades para que los protocolos, cuando se tenga una acusación en contra de algún profesor, se apliquen de manera inmediata y se dé seguimiento puntual, para saber la verdad, y con ello garantizar que tanto la parte acusada como el acusante tengan garantía de sus derechos.
