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Zacatelco y Tepeyanco reprueban cuenta pública enero-junio 2024

En Tepeyanco el caso más grave; en 6 meses el daño patrimonial es de 29 millones de pesos

Los municipios de Zacatelco y Tepeyanco formaron parte del bloque que reprobó sus cuentas públicas correspondientes al primer semestre de este 2024, de acuerdo con lo que dieron a conocer los integrantes de la LXV (65) Legislatura del Congreso del Estado.

El caso más grave se encuentra en el ayuntamiento de Tepeyanco, ya que, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio, se observó un daño patrimonial por 29 millones de pesos, según lo dio a conocer el diputado Vladimir Zainos Flores.

Y es que el exalcalde, Francisco Ixtlapale no logró comprobar esa cantidad durante su gobierno, por lo que ahora quien tendrá que subsanar las finanzas municipales será el actual presidente municipal, Williams Zainos Flores, mientras tanto, tendrá que hacer uso de los recursos legales para responsabilizar a su antecesor por el desfalco.

Zacatelco tuvo, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAZ), una observación de más de 20 millones de pesos, sin embargo y lo que lo llevó a estar dentro de los gobiernos municipales que no cumplieron fue la cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAZ).

A la lista de reprobados durante el primer semestre de este año se suman los ayuntamientos de Tetlatlahuca, San Pablo del Monte, Yauhquemehcan, Muñoz de Domingo Arenas, Santa Cruz Quilehtla, Santa Apolonia Teacalco, San Francisco Tetlanohcan, Santa Isabel Xiloxoxtla y Terrenate.

Por el contrario, y conforme a los municipios que fueron revisados y dictaminados en la sesión de ayer del Congreso, los que aprobaron su cuenta pública del periodo enero-junio de 2024 son: Apetatitlán, Benito Juárez, Cuapiaxtla, Nanacamilpa y Texoloc, mientras que Nopalucan tuvo fallas en las finanzas correspondientes al periodo del 16 al 29 de abril.

El poder legislativo informó que, resultado de las evaluaciones, todos los dictámenes fueron avalados de manera unánime por el Pleno del Congreso del Estado, destacándose que los servidores públicos de los entes fiscalizados están obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penal o cualquier otro que legalmente resulte procedente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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