“URGE CORREGIR LA ATRACCIÓN DESREGULADA DE LA INDUSTRIA EN TLAXCALA”: CENTRO FRAY JULIÁN GARCÉS

• Se requiere que las industrias adopten nuevas prácticas en el control de sus emisiones y descargas de tóxicos “ya sea al aire, al agua o al suelo”, señala la asociación civil pro Derechos Humanos.
• Pide que el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud, que coordinará la Ssa, incluya una contraloría social y académica para observar y proponer mejoras a su implementación.

Por José Luis Ramírez Romero

El Centro Fray Julián Garcés (CFJG) solicitó al Gobierno del Estado atender los problemas de la Cuenca del Alto Atoyac de manera integral, a fin de garantizar el reconocimiento de los derechos humanos a la salud y al medio ambiente.

Lo anterior, al considerar que así lo establece tanto el Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, Tlaxcala, como el Primer Informe Estratégico para la Comprensión de la Problemática Socioambiental de la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, que recientemente dieron a conocer la Secretaría de Salud federal (Ssa) y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

La asociación civil pro Derechos Humanos se pronunció por “construir una nueva política de industrialización que rompa con las prácticas neoliberales implementadas hasta ahora, en las que la prioridad es la atracción desregulada de la industria”.

Y es que, estimó, “esa desregulación profundizará los daños a la salud cargando los costos de atención a la salud al Estado, por lo cual se requiere que las industrias adopten nuevas prácticas en el control de sus emisiones y descargas de tóxicos ya sea al aire, al agua o al suelo”.

En este contexto, afirmó que, tanto el Plan Integral como el Primer Informe Estratégico, le dan la razón, por segunda vez, a las comunidades que han visto afectada la salud de su población por la contaminación de la Cuenca, pues la primera fue a través de la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En ésta, se estableció que “la degradación del medio ambiente, el tratamiento inadecuado de las aguas residuales, el crecimiento desordenado de la industria, los métodos no seguros para la eliminación de los productos químicos y la gestión irresponsable del agua, influyen directamente en la calidad y productividad de los ecosistemas; así como en la salud humana en forma de mortalidad, morbilidad y bienestar”.

Con relación al Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud, que coordinará la Ssa, estimó que “puede ser un paso importante siempre y cuando el proceso de intervención y atención sostenga la perspectiva que vincula las enfermedades a las condiciones ambientales, vínculo que hasta ahora no ha querido reconocerse a nivel estatal y, por tanto, la atención a la salud no se da desde esa óptica”.

Para el CFJG, se requiere destinar recursos suficientes para atender “el enorme déficit de infraestructura existente en el estado para la prevención y atención de las enfermedades crónicas no transmisibles como son la insuficiencia renal y la leucemia”.

Asimismo, se requiere que, en adelante, “se incluyan en este proceso otras enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares y del sistema nervioso que, de acuerdo con las investigaciones también realizadas por los proyectos apoyados por el Conahcyt, se presentan de manera creciente en adolescentes y jóvenes, así como malformaciones congénitas en infantes”.

En paralelo, se debe incluir “una contraloría social y académica que permita observar y proponer mejoras a su implementación de tal manera que no se pierda de vista que se está interviniendo en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y que se logre una atención de calidad para las personas que desafortunadamente hoy viven las consecuencias de décadas de industrialización no regulada”.