TLAXCALA Y LOS RETOS DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Por José Luis Ramírez Romero

Este lunes, la titular del Poder Ejecutivo nombró al General Raúl Ruiz García como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyo despacho permanecía acéfalo desde noviembre pasado.

Esta designación genera expectativas sobre el modo en que se ejecutará la política estatal de seguridad, la cual viene ampliamente descrita en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027.  Pero también, quita un poco presión social a la administración estatal respecto a los resultados poco satisfactorios que, en este rubro, ha ofrecido en ocho meses de gestión.

La realidad es que el actual gobierno ya no dispone de tiempo para demostrar que su estrategia de seguridad pública es efectiva. La tendencia de la incidencia delictiva advierte un comportamiento al alza. La percepción ciudadana de la inseguridad aumenta. Y la capacidad de respuesta de las autoridades a hechos de inseguridad específicos se ha puesto en duda, ya que a la par de la crisis de seguridad se ha abierto otra en el ámbito de la procuración de justicia.

El fallecimiento de Juan Carlos N., como consecuencia de la violencia ejercida en su contra por elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue un hecho desafortunado que hizo evidente la necesidad de revisar la actuación de esta dependencia, ya que este suceso supone, por un lado, la falta de mecanismos efectos para el desahogo de investigaciones sensibles (como la desaparición de Ana Laura N. a inicios de abril, pues recordemos que el detenido era el principal sospechoso), y por otro, la comisión de actos violatorios a los derechos humanos de los inculpados (como es la tortura durante los interrogatorios).

Justamente en el PED se señala que la PGJE “es la encargada de realizar actividades tendientes a garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto de los derechos de los tlaxcaltecas, mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la judicialización de las carpetas de investigación”. Sin embargo, reconoce que “la procuración de justicia en el estado requiere dar un giro en su actuar, a fin de mejorar las técnicas de investigación e integración de carpetas, así como establecer un modelo integral para la atención a víctimas, promover la cultura de la denuncia, y aplicar esquemas de coordinación efectiva para agilizar el proceso de procuración de justicia”.

Y esto se debe a que el diagnóstico en la materia muestra importantes áreas de oportunidad y atención. Por ejemplo, de acuerdo a datos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala (CESESP), el estatus de la evaluación de control de confianza de la PGJE es el siguiente: al cierre de 2021, de un universo evaluable de 318 elementos, la plantilla activa evaluada era de 260, de los cuales 60% había sido aprobado y 22% no aprobado, mientras que 18% estaba pendiente de evaluación. Esto significa que hay trabajo pendiente para acreditar la confianza del personal del servicio profesional de carrera de la institución procuradora de justicia.

Por otra parte, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, 67.80% de la población de 18 años y más percibe al Ministerio Público y las Fiscalías estatales como “presas de la corrupción”, y 61.99% lo hace respecto a la Policía Ministerial o Judicial. Y ello implica otro desafío importante en términos de recuperación de confianza ciudadana por parte de la Policía Ministerial o Judicial, lo cual es relevante para enfrentar el problema de la cifra negra del delito.

Debido a que se percibe corrupción en el Ministerio Público y en la PGJE, las víctimas del delito no lo denuncian fácilmente al no confiar en el proceso de investigación e impartición de justicia.

Se estima que, en 2020, únicamente se denunció el 10.47% de los delitos ocurridos, lo que muestra un detrimento en la cultura de la denuncia, pues en 2019 dicho valor era del 12%. Y a partir de las denuncias, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 54.09% de los casos, lo que significa que, del total de delitos ocurridos, únicamente se efectuaron pesquisas en el 5.66% de los casos.

A nivel nacional, la cifra negra fue de 93.27% en 2020, y en Tlaxcala, de 94.34%, lo que indica la debilidad del sistema de justicia para generar confianza en la población, para investigar y resolver las denuncias, y para abatir los altos índices de impunidad.

Este dato demuestra que hay pendientes en términos de promoción de la cultura de la denuncia, puesto que las causas por las que las víctimas de un delito no denuncian son atribuibles a comportamientos de la misma autoridad, como miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, y desconfianza en la institución. En 2020, el 56.42% de los delitos no denunciados en el estado fue atribuido a la autoridad, mientras que a nivel nacional, fue el 60.66%.

En este sentido, la criminalización de las víctimas afecta negativamente la experiencia y las expectativas de los usuarios del sistema de justicia, razón por la que las estrategias gubernamentales se deben enfocar en dignificar los servicios  de la PGJE para ofrecer, principalmente, un trato humanitario y empático con las víctimas.

La ENVIPE 2021 revela que, para 40% de la población, el desempeño del Ministerio Público y las Fiscalías estatales es poco o nada efectivo, mientras que 37.1% tiene la misma consideración para la policía ministerial o judicial. Esto se debe a que sus trámites son engorrosos. En 2020, 38.82% de las víctimas en Tlaxcala dijo haber requerido 2 horas o menos para ser atendidas, y otro 38.96% manifestó haber dedicado más de 4 horas. Incluso, sobre el trato recibido en la formulación de una denuncia, 22.5% lo consideró malo, y 25.3% como muy malo.

Evidentemente, el desempeño de las autoridades encargadas de la procuración de justicia debe mejorarse. El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, revela que, a nivel nacional, se ubicó en 1.04%, mientras que a nivel estatal fue de 1.31%.

Durante 2020, se iniciaron 4 mil 067 carpetas de investigación, se efectuaron 587 determinaciones en la etapa de investigación inicial y 240 conclusiones en la etapa de investigación complementaria. Las personas inculpadas que fueron vinculadas a proceso ascendieron a 205. Al cierre de ese año, quedaron pendientes 4 mil 136 carpetas de investigación, siendo esta última cifra mayor en 89.46% respecto a la observada en el 2019.

Este es el escenario de la procuración de justicia en Tlaxcala. Esta es la situación que el actual gobierno encontró al iniciar funciones. Urge elevar el nivel de denuncia y la efectividad de los procesos para que se incremente la probabilidad de esclarecimiento del delito y se inhiba la impunidad. Los datos duros que conoce la autoridad obigan a hacer cambios, y a realizar ajustes, porque, como refiere la frase célebre: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.