“TLAXCALA TIENE UN PODER JUDICIAL AUTÓNOMO, EFICIENTE Y EFICAZ, QUE RESPONDE AL VALOR MÁXIMO DE LA JUSTICIA”: MAGISTRADA MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS

• Conmemoran representantes de los tres poderes el Día de la Abogada y el Abogado 2023, en Ciudad Judicial.
• Integrantes del TSJ y del CJE reflexionan sobre el rol que desempeña actualmente el profesional del Derecho en la impartición de justicia, y reconocen la ardua labor del personal al servicio del Poder Judicial.

Por José Luis Ramírez Romero

“Para responder oportunamente al clamor ciudadano de la justicia, se requiere de un Poder Judicial autónomo, eficiente en sus procesos y eficaz en sus decisiones, que responda al valor máximo de la justicia. Por ello, la independencia de las y los juzgadores debe ser considerada como una garantía de respeto de los derechos humanos, y de una justicia imparcial, libre de influencias”.

Así lo expresó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, en su mensaje con motivo de la conmemoración del Día de la Abogada y el Abogado 2023, en Ciudad Judicial.

En presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, y de la diputada Maribel León Cruz, Presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la también titular del Poder Judicial destacó que, para lograr ese fin, se ha priorizado el pleno desarrollo del potencial humano, a través de la capacitación constante, y la consolidación de una carrera judicial basada en el mérito, la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género.

Ante integrantes del TSJ y del CJE, la magistrada reflexionó sobre el rol que desempeña actualmente el profesional del Derecho en la impartición de justicia, y reconoció la ardua labor del personal al servicio del Poder Judicial.

“Ser abogado significa, no sólo haber obtenido un título de Licenciado en Derecho, sino desempeñar una tarea de responsabilidad social. Y como operadores jurídicos del derecho humano del acceso a la justicia, tenemos la encomienda permanente de cumplir y hacer cumplir las leyes. Y en el ejercicio de esa función debemos actuar, no solo observando la ley, sino también a las personas”, dijo.

Al respecto, Cortés Ornelas recordó que, para las y los abogados, “las leyes son únicamente las herramientas que se necesitan para actuar”, pero su papel “debe centrarse siempre en la búsqueda de los valores de la justicia, la verdad y la paz social”, pues solamente “de esa manera podremos recuperar la confianza de las y los justiciables en el sistema de impartición de justicia”.

“Debemos ser conscientes de las implicaciones que cada sentencia que se emite tiene en la vida de las personas. Por ello, en el desempeño de la actividad jurisdiccional, se requiere de abogadas y abogados con una sólida formación integral en el Derecho y en los valores éticos, que rijan su actuar bajo los principios de la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, porque la observancia de estos principios es la única forma para que la función jurisdiccional se erija como un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las personas”, expuso.

En su intervención, la magistrada Anel Bañuelos Meneses sostuvo que la misión de las y los abogados “es defender el derecho de las personas, sin aprovecharnos de la confianza que ponen en nuestras manos”, por lo que hizo un llamado a no perder los valores y principios “que son esencia de nuestra profesión, y base fundamental de nuestro actuar ante la sociedad”.  

Además, se pronunció por evolucionar a la par del desarrollo del Derecho y de los mecanismos para pedir e impartir justicia, en favor de la defensa de los derechos humanos, a efecto de encarar retos como el de la corrupción, ante el cual se requiere un “ejercicio contundente” para no pasar por alto el respeto al Estado de Derecho y la aplicación imparcial de la ley.

Finalmente, el consejero de la Judicatura, Rey David González González, consideró que la justicia se ha vuelto más humanista, derivado de los amparos y los criterios de la Corte Interamericana, lo que ha provocado criterios cada vez más sofisticados en derechos humanos “que tanto a la Procuraduría como a nosotros nos cuesta más cumplir”.

Refirió que las reformas anglosajonas que están en vigor actualmente “rompen con la tradición romano-germánica con la que crecimos”, y que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares implicará un esfuerzo extraordinario, para lo cual se cuenta con un plazo de cuatro años, mismo que se buscará no agotar con el apoyo de los otros poderes.

Opinó que las y los profesionales del derecho deben ser más humanistas en sus decisiones, y reconocer que, “probablemente, seamos un poco responsables de tener nuestra descomposición social”, por lo que es necesario “un esfuerzo mayor” para “tomar las medidas necesarias y dar un giro completo”, a fin de “tomar ese gran valor que tenemos para poder regular nuestra sociedad”.