TLAXCALA REQUIERE UNA “ADMINISTRACIÓN SÓLIDA” DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

• En la entidad, existen seis organismos operadores que están constituidos legalmente, y 391 comisiones de agua potable nombradas por usos y costumbres, las cuales solo aportan el 30% de recaudación del total del pago por el servicio.
• Gobierno estatal plantea que todos estos organismos y comités trabajen “en un contexto normado por la aplicación de leyes y reglamentos, hasta constituir un organismo estatal que administre de manera eco sustentable y económicamente viable los recursos hídricos”.

Por José Luis Ramírez Romero

En Tlaxcala, la disponibilidad del agua se ve afectada por problemas técnicos y financieros vinculados con la falta de pago del servicio.

Un análisis a cargo del Gobierno del Estado advierte que la administración del agua potable en la entidad no es eficiente por la inexistencia de “una administración sólida de los sistemas de abastecimiento”.

De acuerdo con la actual administración estatal, Tlaxcala cuenta con 393 presidencias de comunidad reconocidas política y electoralmente, de las que 299 eligen a sus presidentes por el sistema de voto constitucional y 94 por usos y costumbres, las cuales a su vez eligen a sus comisiones de agua potable.

No obstante, según el diagnóstico, “a través del tiempo”, esta situación ha ocasionado una inadecuada administración del agua potable, ante “la constante rotación de los miembros de dichas comisiones”, así como una mala administración, que les genera déficit financiero; y la falta de transparencia y fiscalización en su operación, que provoca malestar entre las y los ciudadanos, y alienta una cultura de impago.

“La administración del agua en el estado reside en seis organismos operadores que están constituidos legalmente, y en 391 comisiones de agua potable nombradas por usos y costumbres, las cuales solo aportan el 30% de recaudación del total del pago por el servicio. La baja recaudación, tanto en los organismos constituidos como en las comisiones de agua, obedece a diversos factores de entre los cuales destacan las tarifas o cuotas que no reflejan los costos del servicio, la falta de cultura de pago por parte de la ciudadanía, y el uso de herramientas desactualizadas para la medición, facturación y cobro”, indica el análisis.

Al respecto, la autoridad estatal observa que “la recaudación insuficiente incide directamente sobre el cálculo de las participaciones federales a estados y municipios, lo cual afecta también a los recursos disponibles para la reinversión, situación que limita a los municipios y comunidades los recursos para invertir en rehabilitación y mejora de sus sistemas de abastecimiento de agua potable, redes de distribución, redes de drenaje y alcantarillado, así como para la construcción y operación de plantas de tratamiento”.

Es por ello que la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros considera prioritario “transformar tanto la administración, manejo y control de los servicios del agua, como la inversión y su aplicación en infraestructura hídrica”, a fin de satisfacer la demanda de los usuarios del vital líquido.

Para ello, “será necesario contar con un diagnóstico minucioso y actualizado de la operación técnica, comercial y financiera, tanto de los organismos operadores descentralizados, como de los comités designados por los ayuntamientos, así como aquellos electos en las comunidades por el sistema de usos y costumbres”.

En tal sentido, plantea que todos estos organismos y comités trabajen “en un contexto normado por la aplicación de leyes y reglamentos, hasta constituir un organismo estatal que administre de manera eco sustentable y económicamente viable los recursos hídricos, al tiempo que se incremente en la participación social”.

De acuerdo al Poder Ejecutivo, este nuevo mecanismo de operación “ofrece entre otras ventajas, transparentar la recaudación a través de la fiscalización, mejorar el servicio con más inversión pública, eliminar subsidios hasta la sostenibilidad, tener un estricto control normativo, eliminar la existencia de actos de corrupción, mejorar y ampliar la infraestructura, así como contar con un diagnóstico actualizado sobre la disponibilidad de agua en el estado y las reservas que se deben de tener para garantizar el recurso natural a futuras generaciones”.