TLAXCALA REGISTRA CERO SECUESTROS: ASOCIACIÓN “ALTO AL SECUESTRO”
- En el último informe correspondiente al mes de enero de 2023 en la entidad no se han reportado incidentes de esta naturaleza
José Ma. Torres
De acuerdo con el reporte nacional que emite la “Asociación Alto al Secuestro” correspondiente al periodo diciembre 2018 a mayo de 2022, el estado de Tlaxcala no registró acontecimientos de este tipo.
El informe refiere que las entidades federativas que no reportaron ningún secuestro son: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Querétaro y Yucatán. En contraparte, los estados con mayor incidencia son el Estado de México, Jalisco y Veracruz.
En el reporte que emitió la misma asociación correspondiente al mes de enero de 2023, Tlaxcala se mantiene con cero reportes de esta naturaleza y el grupo de entidades federativas que no tienen ningún secuestro suman 10 y corresponde a: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit, Puebla, Querétaro y Yucatán.
Mientras que, al concluir el primer mes de 2023, los estados con mayor número de secuestros son: Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.
El reporte de Alto al Secuestro confirma que Tlaxcala es una de las entidades más seguras del país, aunado a lo difundido a través del informe de Incidencia Delictiva Nacional, que lo ubica como el segundo estado más seguro del país.
Los resultados alcanzados son parte de las acciones emprendidas por el gobierno de Tlaxcala que encabeza la titular del Poder Ejecutivo local, a través de una estrategia sólida en materia de seguridad en la que intervienen los tres niveles de gobierno del ámbito federal, estatal y municipal, que tiene como objetivo brindar un ambiente de paz y tranquilidad a los tlaxcaltecas.
Cabe mencionar que la asociación de ámbito nacional “Alto al Secuestro” brinda atención a víctimas directas e indirectas de este delito y se aseguran de que el entrenamiento que reciben los profesionales de instituciones que trabajan en atención a afectados a nivel gubernamental sea de la mejor calidad, de manera que los agraviados ejerzan su derecho a la justicia y a la asistencia pública.
