TLAXCALA APOYA PERMANENCIA DEL EJERCITO EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

• Es el décimo estado en avalar la reforma constitucional en materia de seguridad promovida por el presidente López Obrador; durante la votación, diputados del PAN, el PRD y el PRI se manifestaron en contra de la minuta

Por José Luis Ramírez Romero

Tlaxcala se convirtió en el décimo estado del país en avalar la reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de marzo de 2019 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución federal, en materia de Seguridad.

Con 22 votos a favor y tres en contra, el Pleno del Congreso del Estado atendió la solicitud del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien apenas el pasado jueves, en sesión extraordinaria, instó a los legisladores locales a apoyar la enmienda planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de ampliar la participación del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, y no en 2024 como originalmente planteó.

El sentido de la votación era predecible, ya que, por mayoría de votos, el dictamen fue aprobado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, y remitido con carácter preferente a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), para ser presentado en la sesión ordinaria de este martes.

De esta manera, la legislatura local se sumó a las de Oaxaca, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Puebla y Veracruz, que ya respaldaron la propuesta del Presidente de México, tras su aprobación por parte de los legisladores federales.

Y debido a que se trata de una modificación a la Carta Magna, la minuta deberá contar con el apoyo de otros siete congresos locales para que se emita la declaratoria de reforma constitucional y se envíe al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada vigor.   

La minuta remitida por el Congreso de la Unión al legislativo estatal plantea ampliar el plazo -de cinco a nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto- de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de combate a la delincuencia en el país, por lo que, de ser procedente con el aval de la mayoría de los congresos locales, la persona titular del Ejecutivo federal podrá disponer de estas hasta 2028 en dichas tareas, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Durante la votación, diputados del PAN, el PRD y el PRI se manifestaron en contra de la minuta, en tanto que legisladores de Nueva Alianza y Morena lo hicieron a favor, bajo la narrativa del gobierno de la Cuarta Transformación que justifica la presencia del Ejército en tales labores.

El representante de Acción Nacional en la asamblea local, José Gilberto Temoltzin Martínez, consideró que la reforma, de origen, trastoca el equilibrio de poderes y el imperio de la ley, al desplazar la autoridad civil por la militar, situación que ya ha demostrado el riesgo de desencadenar, con el tiempo, violaciones a los derechos humanos, además de opacidad en las operaciones castrenses, así como impunidad y más violencia, por lo que insistió en que la presencia militar en tareas de seguridad no es la vía.

También cuestionó la legalidad de la visita del secretario de Gobernación al Congreso local para tratar de influir en el proceso legislativo por instrucciones presidenciales.

Por su parte, el líder de la bancada del partido del sol azteca, Juan Manuel Cambrón Soria, expuso que la minuta es violatoria del Artículo 21 constitucional, que establece que la autoridad civil es responsable de la seguridad pública, por lo que, con la participación del Ejercito en esta labor, se abre paso a un proceso de militarización de la política de seguridad, pese a que los elementos de esta institución no cuentan con el adiestramiento para estas funciones ni tampoco con Certificado Único Policial.

Precisó que no está en contra de la Guardia Nacional, sino con que su mando no quede en manos de autoridades civiles, tras referir que el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reporta que, de 2018 a 2022, han existido dos mil 510 quejas en contra de las Fuerzas Armadas por caso de tortura, desaparición forzada; tratos crueles, inhumanos o degradantes; y detenciones arbitrarias.

Finalmente, la priista Blanca Águila Lima manifestó su preocupación por que la enmienda implique un proceso de militarización que trastoque la vida democrática y social del México moderno, y de paso a una dictadura. Consideró que la estrategia de seguridad del actual gobierno federal no ha dado los resultados que prometió, y acusó que no ha priorizado el fortalecimiento de las policías locales, ya que ha suprimido fondos y transferencias federales para estados y municipios en este rubro.

Desde tribunal, felicitó a la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, Karla María Macías, quien concedió el pasado lunes la suspensión definitiva que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la deja, por ahora, bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.