Se separa Flecha Azul, acusan a empresario de abusos y maltrato
- La línea de transporte público que recorre de Tlaxcala a Puebla se volvió local, luego de demandar a su apoderado legal, Fausto Tuxpan
La línea de transportes “Flecha Azul” se separó de la empresa “Autotransportes Puebla Tlaxcala Calpulalpan” (APTC), para formar, desde marzo pasado, “Transporte Público Tlaxcala Puebla Flecha Azul S. A. De C. V.”, luego de acusar al apoderado legal, Fusto Tuxpan, de abusos y maltrato en contra de los conductores.
Derivado de lo que los afectados llamaron “atropellos” cometidos por más de una década en contra de choferes, y actuando con total opacidad en la administración de los recursos y bienes de dicha empresa, un grupo de permisionarios decidieron separarse de la empresa, señalando a Fausto Tuxpan Meneses de enriquecimiento ilícito, pues pasó de tener tan sólo 2 unidades a tener casi 70 unidades entre él y 5 miembros de su familia.
Actualmente 80 permisionarios con más de 160 unidades conforman la empresa “Transporte Público Tlaxcala Puebla Flecha Azul S. A. de C. V.”, que inició operaciones en marzo de 2023.
Aunque las camionetas que recorren de Tlaxcala a Puebla se volvieron a concesiones locales, siguen brindando el mismo servicio, pero ahora Fausto Tuxpan, hombre oriundo del municipio de Axocomanitla, no los deja trabajar y por eso enfrenta una demanda luego de tratar de apoderarse del predio donde los nuevos transportistas hacen base en la ciudad de Puebla.
Permisionarios del transporte público que por más de 80 años han cubierto la ruta Puebla -Tlaxcala con paraderos en la calle 10 Poniente de la ciudad de Puebla y en la explanada del mercado municipal de la ciudad de Tlaxcala, acusaron de amenazas y golpes a Tuxpan Meneses, apoderado legal de APTC y socio mayoritario del Grupo ADO, quien presuntamente sin ningún fundamento legal el 15 de agosto, acompañado de un grupo de golpeadores, trató de apropiarse del inmueble ubicado en Puebla y de la administración de la nueva empresa.
El enfrentamiento en la capital de la entidad vecina provocó que fuera desalojado por la fuerza pública, al grado que el inmueble de la 10 Poniente se mantiene al resguardo de la policía para evitar que se vuelva a aprovechar de la situación.
Los quejosos argumentaron que el tlaxcalteca no se ha resignado a perder la mina de oro que mantuvo por más de 14 años al frente de APTC, pese a que ni siquiera pagaba la renta del inmueble en que operaban. También lo señalaron de actuar en total impunidad y de pretender favorecer, a base de artimañas y utilizando la violencia, a Grupo ADO.
