Se niega ayuntamiento de SPM a devolver predio particular, pese a orden judicial

• Hace años una mujer fue despojada de su propiedad por autoridades locales, ya ganaron la demanda, pero, hasta ahora, ningún alcalde ha cumplido la sentencia; esperan que ahora sí se concrete

El ayuntamiento de San Pablo del Monte se ha negado, desde hace varias administraciones, a devolver un predio propiedad de particulares pese a que existe una orden judicial; actualmente en el lugar se encuentra un edificio que es utilizado por la dirección de servicios municipales.

Alberta Ortíz Rodríguez, quien se dice dueña legítima del predio y quien ya ganó la demanda, acusó que las actuales autoridades tampoco quieren cumplir con el mandato, ya que se negaron a desalojar el inmueble para que ella pueda tomar posesión.

Señaló al alcalde y la síndico municipal de desacato a una orden judicial, al no querer devolver el predio denominado “Cruztitla”, luego de que la juez del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito de Xicohténcatl, Danielvira Ramírez Jiménez, dictaminó la recuperación de la posesión por parte de su legítima propietaria.

Incluso, expuso que el presidente municipal ha impedido la recuperación del inmueble, pues el pasado 12 de octubre alrededor de un centenar de personas impidieron el desalojo de los objetos y personal del ayuntamiento que allanan dicho inmueble, toda vez que con actos de violencia y amedrentando al personal del juzgado y a la familia de la propietaria, no dejaron que se consumara el acto judicial.

La mujer que se dijo afectada relató que al llevar a cabo la diligencia se presentaron ante ella Enrique González y Miguel Gaspariano, quienes se identificaron como integrantes del área jurídica del ayuntamiento y quienes expresaron que no permitirían el desalojo hasta que el ayuntamiento tenga la oportunidad de inconformarse con la resolución judicial.

No obstante, la jueza informó a las autoridades municipales que se estaba dando cumplimiento a la sentencia dictada de manera irrevocable, por lo que los hombres que se dijeron miembros de la administración municipal incitaron a los pobladores a gritar, empujar e impedir con amagos de violencia que se diera el desalojo.

Por este hecho, Alberta Ortíz informó que ha presentado un amparo por los actos de desacato a un mandato de la autoridad judicial en contra del ayuntamiento, representada por el presidente municipal, Raúl Tomás Juárez Contreras y de la Síndico Vania Denis Otero Tepech, por constituir una violación al Estado de Derecho.