RINDE INFORME DE LABORES MARY CRUZ CORTÉS ORNELAS, MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TSJ-CJE

• Destacó el trabajo responsable y comprometido de quienes integran el Poder Judicial del Estado, al impartir justicia en beneficio de la ciudadanía tlaxcalteca.

• Resaltó el manejo responsable de los recursos y la eficiencia en el servicio del TSJ y del CJE ante los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo

Por José Luis Ramírez Romero

Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), rindió su Primer Informe Anual de Labores y Segundo Informe Semestral ante las y los integrantes de ambos Plenos y representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En sesión extraordinaria, destacó que los resultados obtenidos “son producto de la labor responsable y comprometida de mujeres y hombres que integramos el Poder Judicial del Estado, al impartir justicia en beneficio de la ciudadanía tlaxcalteca”.

Al hacer un balance del impacto de las funciones de representación, jurisdiccionales, administrativas, de gestión, y coordinación interinstitucional, indicó que el Pleno del TSJ celebró 21 sesiones ordinarias, 19 extraordinarias y tres sesiones como Órgano de Control Constitucional.

De los acuerdos emitidos, destacó la fusión del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Administración de Justicia para Adolescentes, a partir de lo cual se creó el Juzgado Penal del Sistema Tradicional y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, con competencia en todo el territorio estatal, a fin de reorientar los recursos humanos y materiales destinados para impartir justicia en Materia Penal del Sistema Tradicional.

También, refirió la atención de 356 audiencias públicas, el seguimiento a 569 asuntos, la recepción de tres mil 971 promociones, la firma de nueve convenios interinstitucionales y 118 reuniones de trabajo, como parte de la política de puertas abiertas del Poder Judicial.

Por cuanto hace al Pleno del TSJ actuando como Órgano de Control Constitucional, mencionó que se dictaron 11 sentencia relativas a juicios de protección constitucional y omisión legislativa, y respecto a la Segunda Instancia, resaltó la labor realizada por las y los magistrados.

Mencionó que, del total de medios de impugnación interpuestos en la Sala Civil-Familiar, 67.1% correspondió a la materia civil, 29.4 % a la familiar, y 3.4% a la mercantil, y que, de esos recursos, fue resuelto el 67.6 % de asuntos civiles, 28.8 % familiares y 3.5% mercantiles.

Y por lo que respecta a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, “del número total de recursos interpuestos 72.9% correspondió al Sistema Penal Acusatorio y Oral, 23.8% al Sistema Penal Tradicional, 2.7% en materia de Ejecución y 0.45% en procedimientos de Adolescentes”.

“Los recursos concluidos son del 70.7% en Sistema Penal Acusatorio y Oral, 25.7 % del Sistema Tradicional, 3% ejecución y 0.43% de Adolescentes”, dijo.

Por otra parte, Cortés Ornelas aseveró que, en los Juzgados Familiares, Civiles y el Mercantil y de Oralidad Mercantil, se radicaron 15 mil 049 asuntos de los que se concluyeron 10 mil 205.

También, se dictaron 10 mil 655 sentencias, “concluyendo por otras causas seis mil 362 controversias”. En asuntos orales mercantiles, “fueron dictadas 82 sentencias que implicaron 45 horas de grabación”, y en materia penal, tanto del Sistema Tradicional como del Sistema Acusatorio Adversarial, se ingresaron mil 234 procesos, “concluyendo 902, celebrándose dos mil 770 audiencias, que sumaron 45 horas de grabación”.

En este contexto, aseveró que el Juzgado de Control y de Juicio Oral para Adolescentes recibió 13 causas, y celebró 29 audiencias en un tiempo de 25 horas de grabación, mientras que, en el Juzgado de Ejecución de Medidas aplicables a Adolescentes y Ejecución de Sanciones Penales, ingresaron 79 asuntos, concluyeron 87 y se celebraron 212 audiencias.

Y en el orden laboral, se radicaron 468 demandas, fueron concluidos 264 conflictos de trabajo, y se dictaron 75 sentencias, demandas de las que 92.73% corresponden a conflictos individuales y 7.2% a conflictos colectivos de trabajo.

Al abordar las atribuciones en materia administrativa, de vigilancia, disciplina e implementación de la carrera judicial, que corresponden al CJE, la titular del Poder Judicial aseveró que se llevaron a cabo 100 sesiones entre éstas, ordinarias, extraordinarias y funcionando como Comité de Adquisiciones; y a través del quehacer de la Secretaría Ejecutiva, se cumplimentaron mil 159 acuerdos para atender las determinaciones del Consejo de la Judicatura y se emitieron dos mil 250 oficios.

La Dirección de Recursos Humanos y Materiales ejecutó 986 movimientos de personal y elaboró 30 actas dentro de los procedimientos de adjudicación efectuados, a lo que se suma la realización de 324 actividades para el mantenimiento correctivo de bienes muebles, resguardo de mobiliario y equipo de cómputo.

Y respecto al desempeño de la Tesorería del Poder Judicial, durante el presente ejercicio fiscal, se aplicó un presupuesto de ingresos por la cantidad de 470 millones 339 mil 190.98 pesos, “observando los principios rectores de legalidad, racionalidad, transparencia, honradez y eficiencia; ejerciendo una correcta aplicación del presupuesto de egresos y la correcta comprobación, al cubrir las necesidades operativas y de gestión”.

La Magistrada Presidenta del TSJ expuso que, para transitar a la era digital en la impartición de justicia, se emprendió la actualización y el desarrollo de sistemas informáticos, lo que implicó mil 248 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como 84 actividades de apoyo tecnológico en eventos institucionales.

Por cuanto hace a la profesionalización del personal del Poder Judicial, se implementaron capacitaciones permanentes que contribuyen a la formación especializada en temas esenciales para la impartición de justicia, lo que benefició a dos mil 246 servidores públicos y asistentes en general, extendiéndose dos mil 141 constancias.

Y en cuanto hace a la capacitación y certificación con perspectiva de género y derechos humanos, a través de la Unidad de Igualdad de Género, se efectuaron 12 acciones a favor 230 servidores públicos. De igual forma, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, fueron cinco las acciones de capacitación, y se realizaron 21 actividades relacionadas con la elaboración de protocolos, proyectos y propuestas sobre atención, interacción, convivencia y armonización de leyes relacionadas a la protección y salvaguarda de derechos de ese sector de la población tlaxcalteca.

Cortés Ornelas apuntó que el Poder Judicial, “como garante de ofrecer una justicia pronta y expedita, tiene el firme compromiso de buscar la pacificación social en la solución de conflictos”, para lo cual cuenta con un Centro Estatal y  seis Centros Regionales de Justicia Alternativa, lo que permitió atender mil 173 asuntos civiles, mercantiles, familiares y vecinales; se llevaron a cabo tres mil 312 entrevistas, y se celebraron mil 024 convenios, resaltando el trabajo que se realiza a través del CEJAMOVIL para acercar la justicia cotidiana a las comunidades más alejadas de la capital del Estado. 

“Las metas alcanzadas en el año que se informa han sido posibles gracias al trabajo de Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces, y la totalidad de servidores públicos. Además, gracias a la colaboración institucional y respetuosa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de los abogados reunidos en barras y colegios, medios de comunicación y sociedad que recibe nuestros servicios, que nos identifica y evalúa”, anotó.

Al evento asistió el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, quien acudió en representación de la Gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros; y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Leticia Martínez Cerón.

Estuvieron presentes Diputadas, Diputados, Magistradas y Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa; Electoral de Tlaxcala, de Conciliación y Arbitraje; la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial del Estado.