Región Tlaxcala-Puebla considerada una de las más graves de emergencia sanitaria ambiental del país: Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia
En primer encuentro nacional de Comunidades envenenadas en Resistencia, se indicó que se debe frena la devastación socioambiental
Isabel Polvo
En lo que fue el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, se informó que el Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología se reconoció la existencia en México más 50 regiones de emergencia sanitaria ambiental y 20 sitios de emergencia sanitaria ambiental; y la región de Tlaxcala-Puebla es considerada una de las regiones paradigmáticas más graves de todo el país.
Por tanto, entre las exigencias para alcanzar la Restauración Integral de la Cuenca del Alto Atoyac y llamaron al gobierno federal y al del estado de Tlaxcala para que el saneamiento que se ha anunciado para esta Cuenca no sea un nuevo acto de simulación, basado sólo en la construcción de plantas de tratamiento que entre otras cosas; que el saneamiento se realice con perspectiva de cuenca, es decir, en todos los 52 municipios de Tlaxcala, 3 del estado de México y 23 de Puebla, y no sólo en la parte de Tlaxcala.
Además de la participación de las comunidades, colectivos, organizaciones afectadas, científicas y científicos quienes históricamente han documentado la situación y presentado propuestas para su atención integral y retomar la información generada durante el sexenio pasado a través de los Proyectos de investigación e incidencia (Pronaiis) del entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
Andrés Barreda Marín, de la Facultad de Económica de la UNAM, externó que la región Puebla- Tlaxcala es la más estudiada, en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología invirtió cerca de 200 millones de pesos, para diagnosticar, determinar los problemas y llevar a cabo la realización de propuestas concretas para la atención de la cuenca Alto Atoyac. “Nos preocupa que esto no se tome en cuenta por la nueva Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)”.
Al respecto, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, externó que Tlaxcala entra en esta petición que realizarán en el plano nacional, puesto que el problema ambiental no se minimicen, tampoco se banalicen y empiecen “a poner un verdadero” freno a la devastación socio-ambiental “que nos está matando como condición indispensable para la recuperación de nuestros entornos vitales”.
Se resaltó que el Primer Encuentro de la Red Nacional de Pueblos Envenenados en Resistencia, es producto de la necesidad de integrantes de comunidades, colectivos, organizaciones y la academia comprometida que, en muchos casos desde hace décadas, han atestiguado el deterioro progresivo del entorno y de la salud de las familias y comunidades. “Sentimos (la necesidad) de generar una fuerza social amplia, diversa y heterogénea, pero unificada y orientada al bien común”. Solicitaron un verdadero freno a la devastación socio-ambiental “que nos está matando como condición indispensable para la recuperación de nuestros entornos vitales”.
Destacaron que su lucha es la expresión viva de que en el país “por la forma en que está firmemente subordinado económica, política y jurídicamente a las necesidades de abasto, comercio y despilfarro de Estados Unidos”, ha sido empujado a tener que aceptar múltiples formas de un envenenamiento sistemático que derivan de la multiplicación, combinación y acumulación de procesos de producción, comercio, distribución y consumo de sustancias tóxicas y peligrosas en todos los sectores económicos y en todos los territorios del país”.
En la inauguración del Encuentro externaron que la principal exposición a esas sustancias y procesos contaminantes ha privado al ejercicio pleno de los derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, a la biodiversidad, al agua, a la alimentación, a la cultura, a un trabajo, vivienda y hábitat dignos, sustentables y en paz, así como a la información verdadera (colectiva y científica), a la justicia, a la petición y todos los derechos asociados.
“La destrucción del ambiente, la salud y tejido comunitario es producto de una larga historia de despojos, de introducción de industrias, minas, cultivos transgénicos, sustancias y residuos de enorme toxicidad cuya concentración en las tierras, las aguas, los suelos y nuestros organismos escalaron y se masificaron durante el neoliberalismo”.
Ante los innumerables agravios que aquejan al país, se pronunciaron en relación a problemas locales y regionales, entre ellos, exigieron poner un alto definitivo a la mercantilización y comercialización de los bienes naturales y culturales, especialmente de la montaña Malintzi o Matlalcuéyetl. “En ese sentido, exigimos que se cancele el proyecto turístico-destructivo llamado Ecoparque Tlalli Malinche, Puebla”, entre otros.
Se reconoció el trabajo constante que han realizado en la Cuenca del Alto Atoyac la Coordinadora por un Atoyac con Vida, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala.
“Su lucha es un ejemplo nacional de persistencia y búsqueda de justicia desde una articulación eficaz entre las comunidades afectadas y científicas y científicos comprometidos, un modelo que puede ser replicado en otros lugares del país. Nos duelen las muertes que han ocurrido en este territorio y las que seguirán ocurriendo como consecuencia de la toxicidad provocada por la industria desregulada”.
Por último, exigieron el cese a la persecución política, la criminalización y las agresiones a las personas defensoras de los territorios, la salud y los derechos humanos. “Demandamos justicia para nuestros compañeros y compañeras asesinados o desaparecidos, así como a quienes están llevando procesos criminales en su contra”.
