RECOLECTAN MÁS DE 4 MIL 700 FIRMAS PARA FRENAR INICIATIVA DE LEY DE AGUA Y SANEAMIENTO

• Veinticinco organizaciones, colectivos y grupos comunitarios plantean al Congreso local suspender análisis del proyecto legislativo hasta que termine el proceso de definición de la nueva Ley de Aguas Nacionales.

• La iniciativa ha sido señalada por la sociedad civil y la academia de pretender mercantilizar el agua, desconocer las formas tradicionales de participación comunitaria para la gestión del agua, y criminalizar la protesta social.

• Demandan que la nueva legislación estatal sea un instrumento jurídico que facilite la elaboración y realización de Programa Integral de Saneamiento y Restauración de la Cuenca del Alto Atoyac.

Por José Luis Ramírez Romero

Organizaciones civiles, colectivos y grupos comunitarios se pronunciaron a favor de que el Poder Legislativo atienda de manera adecuada su petición de garantizar el respeto a los derechos humanos en la creación de una nueva Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.

Lo anterior, en alusión a la iniciativa la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del estado de Tlaxcala, presentada en el Congreso del Estado el pasado 14 de febrero por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, misma que ha sido señalada por la sociedad civil y la academia por pretender mercantilizar el agua, desconocer las formas tradicionales de participación comunitaria para la gestión del agua, y criminalizar la protesta social.

Las agrupaciones, entre las que destacan el Centro Fray Julián Garcés, la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red Estatal de Víctimas del Estado de Tlaxcala, informaron que han realizado una campaña de información ciudadana y de recolección de firmas para rechazar este proyecto legislativo, por lo que el pasado 23 de mayo y este 7 de junio hicieron llegar, a través de oficios, la primera y segunda entrega de éstas a la Mesa Directiva y a las comisiones ordinarias de Recursos Hidráulicos; Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos de la LXIV Legislatura local, las cuales suman cuatro mil 771 firmas de personas de 52 de municipios de la entidad.

La pretensión de las 25 organizaciones civiles, colectivos y grupos comunitarios es que, además de que los oficios que entregaron al Congreso local sean leídos en sesión plenaria, las y los diputados locales suspendan el proceso de análisis que sobre la Ley se está haciendo en comisiones hasta que termine el proceso de definición de la nueva Ley de Aguas Nacionales, y se atiendan sus consideraciones para asegurar que el agua y el saneamiento sean considerados derechos en la nueva legislación local.

También, insistieron en que se inicie “un proceso de información, consulta y deliberación culturalmente adecuada con las comunidades”, para que se establezcan contenidos sustentados en los derechos humanos en la nueva Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, así como las obligaciones que tiene el Estado de respetarlos, tanto en lo individual como en lo colectivo, tanto en materia de agua como de saneamiento, así como de acceso a la información y participación comunitaria.

Al respecto, estimaron que la legislación estatal debe indicar claramente que la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala tiene que informar “de manera periódica, oportuna y adecuada sobre todos los planes, proyectos y acciones que pretenda realizar en torno al agua, y promover la participación de todos los sectores de la sociedad interesados e involucrados en la gestión integral y sustentable del agua en todas las etapas necesarias para la toma de decisiones al respecto”.

Asimismo, debe considerar que la Cuenca del Alto Atoyac es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, con graves afectaciones a la salud de las personas, de la flora y la fauna regional, relacionadas con la contaminación industrial, por lo que la nueva Ley debe ser un instrumento jurídico que facilite la elaboración y realización de Programa Integral de Saneamiento y Restauración de la Cuenca del Alto Atoyac, que debe contar con la participación de las comunidades en todas las etapas de ese proceso.

Finalmente, plantearon que en el diseño de la norma se establezca “de manera clara y objetiva la responsabilidad y las obligaciones que deben tener las industrias en el uso del agua y en el tratamiento para sanear, así como las sanciones a las que se harán acreedoras en caso de incumplimiento”, junto con las condiciones para la prevención y la eliminación progresiva de la contaminación del agua superficial y subterránea en el estado, con proyección hacia la Cuenca entera.

Agregaron que es importante establecer las acciones a realizar por parte del Poder Ejecutivo, las industrias y los organismos responsables para la recuperación de los mantos acuíferos, “considerando que el porcentaje de recuperación de los mantos debe ser mayor y/o igual a la extracción que realizan la industria y los municipios, para garantizar el abasto del agua para la vida”, y fortalecer la experiencia comunitaria en la administración de su agua, “brindando información adecuada, clara y de forma accesible, impulsando la participación en la toma de decisiones y apoyando el trabajo de los Comités Comunitarios del Agua”.