¿Quién es José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y por qué lo sentenciaron a casi 100 años de cárcel?

José Luis Abarca Velázquez fue alcalde de Iguala por el PRD de 2012 a 2014. La entonces Procuraduría General de la República lo acusó de ser el autor intelectual de la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de seis personas.

Un juez absolvió a José Luis Abarca del secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Alcalde del municipio en el momento del ataque contra los estudiantes, detenido en noviembre de ese mismo año, seguirá en prisión.

Abarca fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en el Estado de México. Fue en diciembre de 2020 cuando un juez federal dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, aunque los delitos fueron por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

José Luis Abarca Velázquez es un empresario dedicado a la venta de joyas y político postulado a la presidencia de Iguala en 2011. Fue señalado junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa de la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de seis personas el 26 de septiembre de 2014.

Antes de ser alcalde de Iguala, Abarca Velázquez, él y su familia se dedicaban a la venta de sombreros de paja y para 2008 anunció la construcción del complejo Galerías Tamarindos con una inversión de 300 millones de pesos. Es propietario de al menos 50 bienes inmuebles y negocios.

Sólo en Guerrero, la familia del exalcalde cuenta con 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías. El centro joyero de Iguala, donde se generan miles de pesos mensuales, es propiedad de la familia desde hace 35 años.

Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fue postulada por su esposo como presidenta del DIF municipal, pero según la entonces Procuraduría General del Estado, era la principal operadora del grupo delincuencial Guerreros Unidos, donde su familia fue detenida por estar relacionada con el Cártel de los Beltrán Leyva.

La madrugada del 4 de noviembre de 2014 fue anunciada la captura de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

La Policía Federal los arrestó dentro de una casa ubicada en Iztapalapa, de la Ciudad de México, casa que daba la impresión de estar abandonada y que gracias labores de inteligencia, autoridades localizaron.

El 11 de noviembre, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció que Abarca y Pineda Villa habrían sido capturados realmente en Veracruz y «sembrados» en la Ciudad de México por la misma Policía Federal. La intención de este movimiento, dijo, serían fines electorales, ya que en 2015 se llevaría a cabo la elección federal de diputados.

La detención de Abarca, señaló Solalinde, ayudaría al gobierno a desprestigiar al Partido de la Revolución Democrática en Iztapalapa, la zona con más militantes de este partido en la Ciudad de México.

En una declaración hecha ante visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ambos dijeron que el 26 de septiembre de 2014 asistieron al informe de ella como presidenta del DIF de Iguala, en el centro de la ciudad, tras el cual hubo un baile y de ahí se fueron a cenar tacos, donde según el relato, vieron por la televisión parte del partido de América contra Santos. Contaron que al final de la cena, aún en la taquería, le marcaron a Abarca para avisarle que había disturbios por la presencia de normalistas.

Él solo pidió que no se cayera en la provocación, afirmaron en su declaración. Abarca dijo que minutos después le llamó el secretario de Gobierno estatal para preguntarle sobre disparos en su municipio. Abarca le dijo que investigaría. Le preguntó a su secretario de seguridad, Felipe Flores, quien minutos después de llegar a su casa le regresó la llamada para decirle que al acudir a las calles referidas no encontró nada.

Abarca llamó al secretario de Gobierno estatal para darle el reporte. Minutos después, el mismo secretario le llamó para decirle que había habido un enfrentamiento y que le estaban reportando tres muertos, por lo que le reclamó a Abarca: «Por qué no le han informado sus policías», le preguntó el secretario de Gobierno estatal. «No me han informado, pero ahorita le devuelvo la llamada», respondió Abarca.

Según el relato de Abarca, en otra llamada le informaron de un accidente donde viajaba el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Dijo que, a la medianoche del 27 de septiembre, autoridades de Chilpancingo le pidieron su ayuda para acelerar los trámites para el traslado de uno de los cuerpos de los jugadores. Abarca dijo que en la llamada se dirigió a los familiares y les dio pésame.

Abarca aseguró que no pudo conciliar el sueño en toda la noche, porque tenía pendiente y “veía lo que subían a las redes sociales”. Mientras que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, refirió que las llamadas del secretario de Gobierno del estado comenzaron después de la medianoche y aseguró que no supieron nada de lo ocurrido porque permanecieron dormidos toda la noche, cuando llovía y tenían prendido el aire acondicionado que “hacía mucho ruido”.
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra el expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, el 16 de diciembre de 2020 por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la única causa penal que lo mantiene preso.

En agosto de ese mismo año, otro tribunal colegiado concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez, sentencia que ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El mismo juez tercero repuso el procedimiento y le dictó de nueva cuenta auto de formal prisión.

Samuel Ventura Ramos, juez federal de Distrito, sentenció a 92 años de prisión a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, por secuestro y homicidio contra siete personas, entre ellas el activista Arturo Hernández Carmona.

Abarca Velázquez también deberá pagar una multa por 15 mil días, equivalente a 920 mil 700 pesos, la cual puede ser sustituible por 15 mil jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

En la misma sentencia el juez Ventura Ramos absolvió a Abarca Velázquez y a Sidronio Casarrubias Salgado del delito de delincuencia organizada. Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas ilícitas e incurrió en fallas a la hora de presentar la acusación.