PROPONEN SANCIONAR CON CÁRCEL A SERVIDORES PÚBLICOS QUE NIEGUEN JUSTICIA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

• Diputados federales plantean exhortar a procuradurías estatales para que estandaricen protocolos utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.

Por José Luis Ramírez Romero

Junto con integrantes de diversos grupos parlamentarios de la Cámara del Congreso de la Unión, entre ellos el tlaxcalteca Steve Esteban Del Razo Montiel (Morena), la diputada federal Lilia Aguilar Gil (PT) presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Congresos de cada entidad federativa a que implementen en sus Códigos Penales sanciones que incluyan penas privativas de la libertad a los servidores públicos que desvíen, obstaculicen, omitan o se abstengan de forma injustificada a realizar la investigación de hechos delictuosos de que se trate en agravio de mujeres, o que nieguen la calidad de víctima directa, indirecta o potencial u obstaculice el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia durante una investigación.

También que, en el mismo tenor, se considere como agravante que el servidor público actuó o fue omiso por motivos de discriminación en razón de género o cualquier otra causa que atente contra los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas.

En este contexto, planteó exhortar a las Fiscalías y Procuradurías de las entidades federativas a crear, desarrollar, actualizar y estandarizar protocolos, manuales, criterios ministeriales y de investigación, así como servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme a los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, y con base en una perspectiva de género, en atención a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia González y otras (Campo Algodonero) contra México.

Y que, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), capaciten a los primeros respondientes sobre su actuación dentro de las investigaciones en los casos relacionados con desapariciones, violencia sexual y feminicidio, y a que coexista coordinación interinstitucional entre las Fiscalías y Procuradurías de justicia federal y estatales, atendiendo el Protocolo de Estambul y el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas (Protocolo de Minnesota).             

De acuerdo con la legisladora petista, la violencia contra las mujeres y las niñas en razón de género “tiene serias repercusiones para las comunidades, el tejido social, la atención de la salud y sobre la productividad”; además, “conlleva elevados costos para la salud psicológica de las personas y el bienestar familiar”.

Al respecto, señaló que el delito de feminicidio “es la expresión de violencia más grave que puede repercutir en el bienestar de las mujeres y debe ser entendido como el asesinato por razones de género, por lo tanto, las Fiscalías y Procuradurías están obligadas a investigar las muertes violentas de mujeres; sin embargo, para efectos prácticos, apenas el 30% de estos crímenes han sido clasificados como feminicidios”.

“Por ende, las dependencias encargadas de combatir los delitos se encuentran obligadas a atender la situación de violencia generalizada que se vive en México, en contra de la mujer”; empero, “estas autoridades en muchas ocasiones hacen caso omiso o se abstienen de realizar las investigaciones pertinentes, incluso las mismas autoridades se encargan de obstaculizar las mismas”, completó.

Según Lilia Aguilar, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que el 2022 cerró con un total de 947 feminicidios, lo que lo coloca como el segundo año con más casos, sólo por debajo del 2021, cuando se contabilizaron 1004 casos, lo cual representa solo una disminución de 57 feminicidios de mujeres por razones de género.

Antes, el confinamiento por COVID-19 incrementó la exposición de las mujeres a parejas o familiares con comportamientos abusivos y evidenció que la violencia de género es de índole estructural, ya que, con base en las cifras del SESNSP, “en 2019 se registraron 10.5 asesinatos de mujeres al día y de enero a abril de 2020, la cifra ascendió a 10.8 mujeres asesinadas al día”.

Frente a este escenario, la congresista estimó que “juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad”.

Refirió que “los vacíos legales con los que cuentan los sistemas de investigación de delitos, la falta de unificación de protocolos de atención en las zonas donde se comete el crimen o se encuentra el cadáver de una mujer y la negación de las autoridades a reconocer cuando se comete un feminicidio, han sido las piezas clave de la impunidad en la violencia de género”.

Y a ello añadió “la nula capacidad de los servidores públicos al momento de investigar y esclarecer los delitos”, así como “la falta de infraestructura y la poca capacitación por parte del personal de las fiscalías, ocasionando que no se logren sentencias condenatorias”.

Por ello, consideró que “es fundamental que las entidades federativas, a través de las Fiscalías y Procuradurías, atiendan toda la problemática antes expuesta”.

“Es elemental que estas instituciones encargadas de combatir los delitos cuenten con áreas especializadas que den seguimiento al delito de feminicidio, así como, fortalecer las capacidades de investigar por parte del personal que labora dentro de estas instituciones, con la finalidad de que tengan mayor sensibilidad. Es indispensable que se impulsen políticas públicas y sociales para prevenir la violencia de género, priorizando las investigaciones de los feminicidios, por ser considerado un delito grave y que genera un gran impacto social”, concluyó.