Proponen reforma a la Ley de Pensiones Civiles para extender protección social de trabajadores afiliados

• Entre otros beneficios, plantean un Programa de Préstamos Personales más transparente, justo, equitativo y accesible.

Por José Luis Ramírez Romero

Con el objetivo de mejorar las prestaciones laborales de los servidores públicos del estado, se plantearon modificaciones a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala.

De acuerdo a la iniciativa del diputado Miguel Ángel Caballero Yonca (Morena), la legislación vigente que norma las prestaciones laborales que otorga Pensiones Civiles a los trabajadores de gobierno “requiere actualizarse para estar acorde con la realidad socio-económica que vive la entidad”, y también debe incorporar “lo referente a las relaciones de trabajo establecidas entre los gobiernos municipales y el personal a su servicio”.

Mediante la reforma a las fracciones VII y VIII, y la adición de la fracción IX, del artículo 17 de la Ley de Pensiones Civiles, se pretende dotar de mayor seguridad y certeza jurídica a los trabajadores, al ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos y ofrecerles la posibilidad de tener prestaciones superiores a aquellas con las que actualmente cuentan.

Y es que, además de mejorar la atención a los derechohabientes, se busca brindarles “un Programa de Préstamos Personales más transparente, justo, equitativo y accesible”, que contribuirá a “generar una derrama económica en todos y cada uno de los municipios del Estado, en apoyo a la reactivación de la economía Estatal y el empleo”.

“Las prestaciones laborales de los servidores públicos son derechos de los trabajadores, con origen y fundamento en la relación de trabajo. Los derechos inherentes a la seguridad social constituyen parte de la protección social, entendida ésta de manera integral”, señala la iniciativa.

En este contexto, Caballero Yonca advierte que “la magnitud del aparato público estatal hace necesario ampliar los derechos y obligaciones de los actores de la relación laboral y los medios para hacer valer aquellos”.

Por ello, la enmienda plantea, por un lado, “garantizar los derechos de las personas trabajadoras del Estado”, y por otro, “extender la protección social”.

En el primer caso, “para lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de las y los trabajadores, en particular de las y los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación, prestaciones superiores a la ley y ordenamientos legales adecuados a sus necesidades que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses”.

Y en el segundo, para “promover tanto la inclusión social como la productividad, al garantizar que mujeres y hombres disfruten de condiciones de trabajo seguras y prestamos no solo por conducto del estado sino también de la iniciativa privada, que tengan en cuenta los valores familiares y sociales, que contemplen una retribución adecuada en caso de pérdida o reducción de los ingresos”.