PROPONEN NUEVA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS
- La propuesta esta correlacionada con la iniciativa de Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues pretende armonizar el marco jurídico estatal en materia de justicia administrativa.
Por José Luis Ramírez Romero
La diputada Alejandra Ramírez Ortiz (PAC) presentó al Pleno la iniciativa de Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a fin de establecer las bases que deben observar las autoridades administrativas estatales y municipales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto de naturaleza administrativa, así como los principios y normas a que se sujetarán para ello.
Indicó que esta propuesta esta correlacionada con la iniciativa que, en días pasados, planteó para expedir la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tlaxcala, ya que ambas pretenden armonizar el marco jurídico estatal en materia de justicia administrativa.
Al respecto, la legisladora recordó que las reformas constitucionales que instituyen el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción obligaron a la creación de los tribunales de justicia administrativa en cada estado para resolver con facultades jurisdiccionales las controversias entre las autoridades administrativas y los particulares
Mencionó que la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala implicaba “necesariamente” actualizar la Ley del Procedimiento Administrativo, pues “no es dable que el mismo siga conociendo del recurso administrativo de revisión, ya que éste debe ser interpuesto ante la misma autoridad administrativa que emite el acto de autoridad y una vez resuelto, en su caso, impugnarse dicha resolución mediante la promoción del Juicio Contencioso administrativo”.
Por ello, consideró necesario dotar a Tlaxcala de un eficaz Sistema de Justicia Administrativa para lo cual se requiere una nueva Ley del Procedimiento Administrativo “que actualice y armonice sus disposiciones con las del ámbito federal”.
Lo anterior, con el objetivo de que los particulares no enfrenten diversidad de requisitos, procedimientos y normas de procedimiento en la tramitación de asuntos del orden federal con los del orden local, además de contar con un medio de defensa de tipo jurisdiccional que les permita impugnar en juicio los actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos que, además, les garantice una verdadera eficacia en su defensa.
“La posibilidad de que las autoridades administrativas emitan resoluciones que afecten el interés público, o contravengan disposiciones legales en perjuicio de los particulares, implica que se pueda deteriorar el espíritu de servicio que debe prevalecer en la Administración Pública, por lo que resulta indispensable que nuestro orden jurídico establezca las instituciones procesales que hagan posible la tramitación, por parte de los particulares, de los asuntos de su interés, y que les dé certeza jurídica en cuanto a requisitos y el procedimiento a seguir”, expuso.
La iniciativa, que consta de seis títulos y 102 artículos, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictaminación.
