PROPONEN ARMONIZAR CONSTITUCIÓN Y NORMAS LOCALES CON LA LEY 3 DE 3

• Buscan prohibir que personas con denuncias por violencia de género y violación sexual, o deudores alimentarios, accedan a puestos de poder, o se vean beneficiados por fuero, en el Estado de Tlaxcala.
• Aplicaría especialmente para Gobernador, Diputados, Ayuntamientos, Magistrados y Jueces, y los titulares de la PGJE, la CEDH, el ITE y el IAIP-Tlax.

Por José Luis Ramírez Romero

En atención y consideración a las propuestas y demandas que, en esta materia, han formulado organizaciones y colectivos defensores de los derechos de la mujer, las diputadas Diana Torrejón Rodríguez (PRI) y Lorena Ruiz García (Independiente), así como el legislador Juan Manuel Cambrón Soria (PRD), presentaron conjuntamente un paquete de reformas y adiciones a la legislación estatal a efecto de incorporar los principios de la Iniciativa 3 de 3 contra la Violencia hacia las Mujeres.

Así, se busca que todas las personas servidoras públicas del Estado de Tlaxcala cumplan, además de los requisitos que implica su cargo, no tener antecedentes como persona agresora por el delito de violencia familiar de cualquiera de sus tipos y manifestaciones; no tener antecedentes como persona agresora por delitos sexuales, la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual; y no tener antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como persona agresora por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda y no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios en las distintas entidades federativas del país.

De acuerdo a los proyectos leídos en tribunal durante la sesión ordinaria de este marte, se trata de dos iniciativas para reformar y adicionar, por un lado, la Constitución Política del Estado, y por otro, la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica de la Administración Pública, y la Ley Laboral de los Servidores Públicos, todas del Estado de Tlaxcala.

De este modo, se hace especial énfasis al cumplimiento de la 3 de 3 tratándose del Gobernador, los Diputados Locales, los integrantes de los Ayuntamientos, el Procurador General de Justicia, los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el titular de la Presidencia y los Consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), los Consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE)y los Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala (IAIP-Tlax).

Las propuestas coinciden en que para elevar los estándares de la ética pública y política, las distintas normas no solamente deben prever requisitos de elegibilidad e idoneidad relacionados a la transparencia, la rendición de cuentas, la no corrupción y la eliminación de los conflictos de interés incluso con los antecedentes no penales o vínculos al crimen organizado, sino también la corresponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra  las mujeres en todas sus modalidades y manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a fin de fortalecer la democracia.

Además, señalan que, para que las disposiciones propuestas en ambas iniciativas sean eficaces, las instancias encargadas de llevar a cabo el registro de candidaturas, la designación, nombramiento y reclutamiento de las y los servidores públicos a cualquier cargo o puesto público, “deben de allegarse de información que genere suficiente convicción para garantizar que las personas interesadas no tienen antecedentes como agresores e instrumentar políticas públicas que lo garanticen”.

Y para ello, se plantea la celebración de convenios interinstitucionales, la búsqueda en los registros, la solicitud de presentación de constancias, la firma de cartas de cumplimiento de requisitos negativos, la generación del Padrón Estatal de Agresores y el Registro Estatal de Deudores Alimenticios, así como hacer uso del banco de datos sobre violencia y generar mecanismos de monitoreo y seguimiento a casos en cada uno de los municipios.

Al respecto, la intención de las propuestas es que los antecedentes de agresión como impedimento para ocupar un cargo público en el Estado de Tlaxcala no se limiten a lo que haya acontecido o esté aconteciendo en la entidad, “ya que una persona puede contar con antecedentes de agresión en cualquier parte del país y estar interesada en ocupar un cargo de elección popular local, por nombramiento o, simplemente, ingresar o permanecer en el servicio público del Estado”.

Por ello, se pretende impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público en cualquiera de los tres órdenes y niveles de gobierno y/o permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las y los tlaxcaltecas.

Las iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.