PROPONE DIPUTADA DE MORENA QUITAR PATRIA POTESTAD DE HIJOS A PADRES FEMINICIDAS
- Con modificaciones a los códigos Civil y Penal, pretende privilegiar el interés superior de las víctimas indirectas de este delito.
Por José Luis Ramírez Romero
La diputada María Guillermina Loaiza Cortero (Morena) propuso diversas modificaciones al Código Civil y al Código Penal en la entidad, a fin de contemplar lo relativo a la patria potestad de quienes han quedado en situación de orfandad por feminicidio, es decir, las hijas e hijos de la víctima que, a menudo, también lo son del agresor.
De esta manera, la iniciativa pretende privilegiar el interés superior de las víctimas indirectas que resisten de forma directa la ausencia de quien fue ultimada por un feminicida, a fin de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, a vivir en un ambiente sano y libre de violencia que asegure su integridad personal, así como en condiciones que les permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico, mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
En tribunal, la legisladora observó que las consecuencias y efectos del feminicidio recaen en las víctimas indirectas, especialmente niñas y niños, que sufren la situación de orfandad como secuela de la ausencia de su madre.
Además, debido a que su progenitora es víctima de este delito violento, la situación constituye un evento traumático que deben enfrentar, muchas veces, en condiciones de incertidumbre jurídica que los revictimizan, lo que los coloca en una especial condición de vulnerabilidad.
Al respecto, Loaiza Cortero expuso que “cuando los juzgadores tienen que decidir una controversia, como es la pérdida de los derechos de la patria potestad que incide sobre un menor de edad, deben tener en cuenta que éste requiere una protección legal reforzada, y que la única manera de brindar dicha protección implica tener en cuenta todos sus derechos y el rol que juegan en la controversia sometida a su consideración, a fin de garantizar su bienestar integral”.
Por lo tanto, estimó necesario realizar un juicio de ponderación entre los derechos del menor a un desarrollo y bienestar íntegro, y los del progenitor, que emanan de la institución de la patria potestad, a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez en la búsqueda de la solución más idónea a cada caso en particular.
“En consecuencia, bajo esta lógica, la pérdida de los derechos de la patria potestad del padre feminicida es constitucionalmente válida”, dijo.
Finalmente, en materia penal, la congresista planteó imponer castigo de hasta por 80 años de prisión a la persona que cometa el delito de feminicidio cuando la víctima sea menor de edad, discapacitada o bien, el victimario sea funcionario público y haya usado el cargo para cometer el ilícito.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
