Pretende Congreso Local mantener bolsa de 85.5 mdp para supuestos apoyos sociales en 2022
- Ese monto implica casi la tercera parte de su propuesta de gasto, a pesar de que la ley no contempla esta función para los diputados locales
Por: José Luis Ramírez Romero
Para el próximo año, el Congreso del Estado no propone aumentos en la partida de apoyos sociales, pues dentro del capítulo 4000 de su propuesta de gasto contempla la cantidad de 85.5 millones de pesos (mdp), que es igual a la que le fue aprobada para el presente ejercicio fiscal.
Según el proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 que ya es analizado por los diputados locales, el Poder Legislativo pretende ejercer casi 373.3 mdp, es decir, 6.6% más que lo autorizado para 2021.
De este monto, 289.9 mdp corresponden a la asignación del Congreso del Estado, y 83.4 mdp al Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que incluye recursos para la implementación, operación, mantenimiento y seguimiento del Sistema de Fiscalización Electrónico.
Dichas asignaciones implican aumentos de 6.9% y 5.5%, respectivamente.
Cabe mencionar que la partida de apoyos sociales representa el 29.5% de los recursos que el Congreso local pretende ejercer el siguiente año.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ni la Constitución ni las leyes del país indican que los diputados tienen la función de dar ayudas sociales; sin embargo, es común que ofrezcan despensas, juguetes, fiestas, ayudas económicas o construir obra pública con cargo a los recursos públicos del Poder Legislativo.
Para Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO, “en lugar de asignar el gasto público a las verdaderas necesidades de la población, los diputados han aprovechado la facultad de aprobar presupuestos para ampliarlos y destinarlos a actividades no esenciales”.
“Las funciones propias de un diputado son presentar y aprobar leyes, ratificar nombramientos, iniciar juicio político y vigilar a otros poderes. No hay excusa: los legisladores no pueden, ni deben, dar ayudas sociales. Una cosa es defender el interés público y otra gestionar recursos públicos de forma discrecional”, señala el experto.
