Plantean regular funcionamiento de las contralorías de los 60 municipios
- Buscan que los contralores municipales sean electos por el Congreso local para garantizar su imparcialidad, que se eficiente la presentación de cuentas públicas y que se sancionen faltas administrativas graves por malos manejos financieros.
Por José Luis Ramírez Romero
La diputada Mónica Sánchez Angulo (PEST) puso a la consideración del pleno una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a efecto de configurar, de forma general, el funcionamiento de los órganos internos de control de los 60 ayuntamientos en la entidad.
De este modo, se busca crear una cultura organizativa distinta en la que se detecten y sancionen con mayor oportunidad las faltas administrativas en las que incurran los servidores públicos municipales, principalmente las consideradas graves por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, desacato, nepotismo y obstrucción de la justicia, entre otras.
También, mejorar el desempeño de los municipios en materia de presentación de cuentas públicas, pues se obligaría a los alcaldes a no ocultar información financiera en detrimento de los intereses de la administración pública municipal, y propiciar que los recursos públicos sean aplicados a las necesidades más evidentes en las demarcaciones municipales.
Con esta enmienda, se pretende que los titulares de los órganos internos de control de los ayuntamientos sean electos conforme a una convocatoria pública y bajo examen del Congreso local para legitimar su nombramiento con el voto de las dos terceras partes de los diputados, lo que quitaría tal potestad a los cabildos, a propuesta de los presidentes municipales.
Además, el periodo de estos contralores sería de seis años, y para que fiscalicen tres administraciones continuas, se pretende que sean electos a la mitad del periodo de la actual legislatura.
Sánchez Angulo urgió la profesionalización de los funcionarios responsables de fiscalizar los recursos a cargo de los ayuntamientos, quienes deben contar con un perfil en Derecho Administrativo o Contaduría, con probada vocación pública.