PIDEN CUENTAS A LA ACTUAL LEGISLATURA SOBRE LEGISLACIÓN DEL DELITO DE TORTURA
- La CNDH pidió al Congreso informar avances sobre armonización legislativa prevista en la Ley General que entró en vigor en 2017.
Por José Luis Ramírez Romero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Congreso del Estado información sobre las acciones que realiza la actual legislatura para cumplir con la legislación en materia de sanción a la tortura que entró en vigor en 2017.
Mediante el oficio CNDH/DEMNPT/03338/2022, remitido al Congreso local por la presidenta del organismo público autónomo, María del Rosario Piedra Ibarra, se requirió a los legisladores locales un reporte relativo a la manera en que se busca dar cumplimiento a los artículos Tercero y Sexto transitorios de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o Denigrantes.
Cabe recordar que, durante más de cuatro años, ha prevalecido en Tlaxcala una omisión legislativa en materia de atención a este delito, ya que el 24 de diciembre de 2017 concluyó el plazo de 180 días que el Congreso de la Unión dio a las entidades federativas para armonizar su marco normativo con base en las disposiciones de la Ley General.
Sin embargo, pasaron dos legislaturas y quedó pendiente en la entidad la obligación de legislar para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de las personas a respetar su integridad personal, a efecto de recibir protección ante actos de tortura, lo que implica la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura.
La reciente iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para el Estado de Tlaxcala, presentada por la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXIV Legislatura, aborda la armonización, pero no considera la creación de este órgano, por estimar que debe analizarse en la normatividad orgánica correspondiente al Ministerio Público.
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentó una iniciativa de reforma para la creación de dicha Fiscalía que, de acuerdo a la legislación federal, debe contar con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución del delito de tortura, y con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados, así como disponer de recursos humanos, financieros y materiales para su adecuado funcionamiento.
