PIDEN A CONGRESOS DE TLAXCALA Y PUEBLA LEGISLAR EN TORNO A SITUACIÓN DEL ALTO ATOYAC COMO REGIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL

• Solicitan organizaciones sociales y académicos que los gobiernos federal, estatales y municipales construyan “una nueva política integral de regulación del crecimiento industrial en la región”.
• Rechazan la comercialización y privatización del agua, así como la desaparición de las formas comunitarias establecidas para la administración, gestión y conservación del agua.
• Insisten en la necesidad de que las autoridades dejen de simular el cumplimiento de la Recomendación 10/2017 de la CNDH; exigen demostrar con indicadores su cumplimiento.

Por José Luis Ramírez Romero

Organizaciones sociales, académicos y representantes de comunidades afectadas por la contaminación llamaron a los Congresos de los Estados de Tlaxcala y Puebla a que legislen conforme la situación de la Cuenca del Alto Atoyac como una región de emergencia sanitaria y ambiental, a fin de garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y su saneamiento, en apego al Artículo 4º Constitucional.

En este contexto, solicitaron que en estos trabajos legislativos haya participación comunitaria en las deliberaciones y toma de decisiones, con forme a lo establecido en la Observación General número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y al Acuerdo de Escazú, lo que implica “que de ninguna manera se tienda a la comercialización ni privatización del agua, ni a la desaparición de las formas comunitarias establecidas para la administración, gestión y conservación del agua”.

En el marco del 2° Foro Regional sobre la Problemática de Contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, llevado a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre de 2023 en la ciudad de Puebla, las agrupaciones organizadoras, entre ellas, el Centro Fray Julián Garcés, coordinaron un diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac, y presentaron los avances en las agendas de trabajo.

En este encuentro participaron 280 personas, entre las que destacaron habitantes de comunidades de las regiones Tolteca, Lerma y Libres Oriental, todas ellas Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental. También, se convocó a 10 áreas y dependencias de los sectores Medio Ambiente y Salud de los estados de Tlaxcala y Puebla.

Sin embargo, la invitación solamente fue atendida por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial; la Jurisdicción Sanitaria Número 5 de la Secretaría de Salud, y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, todas del gobierno de Puebla, aunque con personas sin atribuciones institucionales para responder al nivel de diálogo corresponsable que se requería en el Foro.

A decir de los organizadores, la ausencia de las autoridades muestra “la enorme dificultad que enfrentamos todavía respecto a la apertura de las instancias de los gobiernos estatales para participar con la sociedad y la academia en espacios en los que se pretende construir de manera conjunta y no sólo dar informes sobre decisiones ya tomadas”.

Durante las tres jornadas de este Foro se mostró que, a seis años y medio de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a 12 de la Declaratoria de Clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “las necesidades de saneamiento de la Cuenca y de supervisión de las descargas de aguas residuales industriales y emisión de contaminantes siguen siendo apremiantes, particularmente por la tendencia al incremento sin regulación adecuada de industrias y otras fuentes contaminantes en la región”.

Por ello ante el crecimiento del número empresas industriales de gran escala en la Cuenca, coincidieron que “es imperativa la aplicación de medidas precautorias de protección a la salud y al ambiente”.

Al respecto, se pronunciaron a favor de que el “Primer Informe Estratégico para la Comprensión de la Problemática Socioambiental de la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac y Recomendaciones para su Atención Integral, elaborado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), así como el “Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac”, presentado por la Secretaría de Salud (Ssa) federal, sirvan de base para que los gobiernos federal, estatales y municipales construyan “una nueva política integral de regulación del crecimiento industrial en la región”.

Lo anterior, con miras a lograr una supervisión efectiva de sus emisiones y transferencia de contaminantes, así como generar los instrumentos necesarios para regular a la mediana y gran industria y se evite con ello el aumento de los daños a la salud en la Cuenca.

También, solicitaron que se promueva y establezca una contraloría social y académica que permita observar y proponer mejoras a la implementación del Plan, y que las acciones que se emprendan con base en su contenido,  “se ejecuten y se mantengan en la perspectiva que vincula las enfermedades a las condiciones ambientales”, y se amplíe el rango hacia otros males no transmisibles también relacionados como los cardiovasculares y del sistema nervioso “que se presentan de manera creciente en adolescentes y jóvenes, así como malformaciones congénitas en infantes”.

Finalmente, insistieron en la necesidad de que las autoridades dejen de simular el cumplimiento de la Recomendación 10/2017, y que los resultados se muestren con indicadores de la disminución de la contaminación industrial y de las tasas de morbilidad y mortalidad de la población.

Además del Centro Fray Julián Garcés, convocaron a este evento la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Pastoral de Derechos Humanos, la Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional (CIISDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), además de la Dirección Regional 4 Sur Oriente del Conahcyt, el Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga SJ (IIMA) de la Ibero Puebla, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comunidades afectadas de municipios de Tlaxcala y Puebla.