Olvidan diputados aprobar legislación secundaria en materia medioambiental

• Se cumplieron los plazos marcados en la Ley de Protección al Medio Ambiente para modificar leyes locales que permitan la creación de organismos reguladores estatales y municipales.

• Propone Ever Campech que la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento sea un organismo descentralizado de la administración pública estatal, y no un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente.

Por José Luis Ramírez Romero

Los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado incurrieron en una omisión legislativa al incumplir diversas disposiciones marcadas en la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, aprobada el pasado 26 de mayo y vigente a partir del 03 de junio.

Según el Artículo Noveno Transitorio, dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la norma, esto es, el pasado 01 de octubre, los legisladores locales debieron efectuar las reformas y adiciones a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en relación a la creación de la Unidad Municipal de Protección al Ambiente, el Consejo Municipal de Medio Ambiente y la Red Municipal de Medio Ambiente.

También, debieron adecuar la Ley de Protección y Bienestar Animal para el Estado de Tlaxcala, y la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, relacionadas con la creación de la Coordinación de Bienestar Animal y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala, respectivamente.

Incluso, tuvieron que modernizar la legislación estatal en materia de manejo de residuos sólidos y promover la armonización de las leyes estatales relacionadas con la nueva Ley de Protección al Medio Ambiente, impulsada por la diputada Marcela González Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y actual titular de la junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local.

Por su parte, el Artículo Décimo Transitorio señala que todos los recursos técnicos, informáticos, materiales, financieros y humanos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala (CSITARET) pasarán a formar parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado (SMAE), pues con base en la Ley de Protección al Medio Ambiente, ésta contará con un órgano desconcentrado denominado Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Tlaxcala (CEASET), que se encargará de los asuntos en materia hídrica y de saneamiento que no sean competencia de la Federación.

La CEASET, que aún no ha sido creada por omisión de los congresistas locales, se subrogará en todos los derechos y obligaciones que hasta la fecha tales instancias hayan contraído, mientras que el Poder Ejecutivo realizará las previsiones presupuestales correspondientes, a fin de dotar de presupuesto suficiente al nuevo organismo para el cumplimiento de las funciones que la ley le impone.

De acuerdo al Presupuesto de Egresos 2022, a la CEA se asignaron recursos por 16 millones 191 mil 266 pesos, mientras que la CSITARET, 55 millones 498 mil 582 pesos, lo que hace un total de 71 millones 689 mil 848 pesos.

Con base en la nueva legislación, corresponderá a la CEASET establecer políticas, criterios y lineamientos en materia hídrica, para dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos estatal, municipal y de comunidad, asegurando la coherencia entre sus programas para la gestión integral de los recursos hídricos y garantizar el aprovechamiento sostenible del agua.

A este organismo corresponderá ejecutar las acciones necesarias para construir, conservar, mantener, operar y administrar sistemas de agua potable y alcantarillado y de dispositivo de control del escurrimiento, almacenamiento, conducción y aprovechamiento del agua de origen pluvial, así como diseñar los planes estratégicos generales en materia de prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y la promoción del uso de aguas tratadas, con la finalidad de coadyuvar en las acciones relacionadas con la gestión integral de los recursos hídricos.

Por otra parte, podrá prestar por sí el servicio de tratamiento de aguas residuales en el Estado o en su caso evaluar la prestación del servicio por parte de los entes públicos y los particulares; diseñar y proponer un sistema tarifario para el cobro de los servicios de tratamiento de aguas residuales a particulares y todo tipo de usuarios que descarguen sus aguas en los sistemas controlados por la Comisión y convenir con los municipios la aplicación de estas disposiciones en las plantas que están a su cargo.

Asimismo, prestará asistencia técnica, asesorará, auxiliará y apoyará en coordinación con los ayuntamientos a los organismos prestadores de los servicios públicos, a los particulares usuarios de aguas de competencia estatal y a los usuarios de aguas nacionales concesionadas al Gobierno del Estado que lo requieran, para planear, estudiar, proyectar, construir, operar, mantener y administrar sus sistemas de agua, previa firma del contrato o convenio respectivo.

Y junto con lo anterior, tendrá la potestad de sancionar, suspender y cancelar las fuentes de contaminación de los cuerpos de agua en el Estado, tanto de origen público como privado.

Cabe mencionar que, en el contexto de estas omisiones, el diputado Ever Alejandro Campech Avelar (PRD) propuso ayer reformar el párrafo primero del Artículo 76 y los artículos Noveno y Décimo Transitorios de la Ley de Protección al Medio Ambiente, principalmente, para que la CEASET sea un organismo descentralizado de la administración pública estatal, y no un órgano desconcentrado de la SMAE.

Para el también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, esas disposiciones de la ley que la actual legislatura aprobó a finales de mayo pasado resultan complicadas, y además se debe preservar la experiencia de ambos organismos, por lo cual planteó no extinguirlos incorporándolos a la SMAE, sino funcionarlos para contar con un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con facultades e independencia en sus funciones, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia de sus atribuciones.