OBSERVAN A PCT MÁS DE 2 MDP PARA LA COMPRA DE SIETE VEHÍCULOS

• Su Consejo Directivo sometió a consideración y autorización adquirir los automóviles para comercializarlos mediante la modalidad de crédito para los jubilados, pensionados y servidores públicos; el OFS consideró improcedente la decisión, debido a que no es indispensable para la prestación o programas del organismo.

Por José Luis Ramírez Romero

Pese a la crisis del sistema pensionario estatal, el organismo responsable de otorgar las prestaciones y servicios a los trabajadores activos y pensionados y jubilados afiliados en la entidad evidenció la falta de controles suficientes para ejercer con eficiencia los recursos a su cargo durante el año pasado.

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET), del ejercicio fiscal 2022, se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por 2 millones 046 mil 785.37 pesos, de los cuales el ente fiscalizable presentó propuesta de solventación por 3 mil 620.60 pesos, conforme al plazo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de  Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

En 2022, PCET tuvo un presupuesto autorizado de 486 millones 819 mil 414.42 pesos; sin embargo, sólo recibió 464 mil 771 mil 566.50 pesos, de los cuales devengó 458 millones 007 mil 109.24 pesos. De este monto, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) auditó 406 millones 678 mil 901.08 pesos, lo que implica una muestra del 88.8%.

UNA AUDITORÍA EN DOS PARTES.

El ente fiscalizador indicó que la Cuenta Pública 2022 de PCET comprende dos periodos; el primero, del 01 de enero al 06 de marzo, y el segundo, del 07 de marzo al 31 de diciembre de ese año, “con la finalidad de delimitar el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos que hayan desempeñado el puesto, cargo o comisión de acuerdo a la temporalidad en sus funciones”.

Es así que la revisión del Estado Analítico de Ingresos y del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022 del primer periodo mostró que, de un presupuesto recibido de 39 millones 342 mil 679.13 pesos, PCET devengó 55 millones 607 mil 773.81 pesos de los Recursos Recaudados, monto del cual se fiscalizó una muestra de 49 millones 490 mil 918.69 pesos que, al periodo auditado, representó un alcance del 89.0%.

Al respecto, la auditoría de cumplimiento financiero arrojó un probable daño patrimonial por 3 mil 620.60 pesos por un pago en exceso resolutivo de pensión por jubilación a favor de una persona del periodo comprendido de la primera quincena de enero a la segunda quincena de febrero, lo que fue solventado con documentación que acreditó que el pago realizado se ajustó a lo determinado en el Resolutivo de Pensión por Jubilación.

En total, se emitieron 21 observaciones en el transcurso del ejercicio, correspondientes a auditoría financiera, de las cuales solo seis se solventaron. Empero, el personal del ente incumplió la normatividad e incurrió en presunta responsabilidad administrativa, debido a que no contó con el Reglamento de las Cuentas de Ahorro Personal a que se refiere el Libro B “Del régimen permanente de ahorro personal”, de conformidad con la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. 

Además, la recaudación de aportaciones y retenciones que enteraron, correspondientes al Libro “B”, ascendieron a 10 millones 649 mil 075.47 pesos, pero solo se identificaron recursos por 329 mil 807.47 pesos en la cuenta bancaria, “persistiendo recursos públicos faltantes por 10 millones 319 mil 268.00 pesos”. 

Junto con ello, se encontraron adeudos por 42 millones 234 mil 262.58 pesos, correspondientes al entero de retenciones del 12.0% y aportaciones del 18.0%, aportaciones y retenciones del Libro “B” así como créditos otorgados, pero el personal de PCET no tenía reconocido el adeudo en las cuentas por cobrar de la información financiera.

UN TRASPASO DE CUENTAS IRREGULAR.

Respecto al segundo periodo, de un presupuesto recibido de 425 millones 428 mil 887.37 pesos por Recursos Recaudados, el organismo devengó 402 millones 399 mil 335.43 pesos, monto del cual se fiscalizó una muestra de 357 millones 187 mil 982.39 pesos, que representa un alcance del 88.8%. Y de la revisión financiera, se estimó un probable daño patrimonial por 2 millones 043 mil 164.77 pesos por pagos improcedentes.

Uno de ellos se relaciona con traspasos por 2 millones 020 mil pesos, de la cuenta bancaria en la que se administran los recursos públicos del Fondo de Crédito de Pensiones Civiles hacia la cuenta bancaria denominada Crédito Automotriz, recursos que, al término del ejercicio, no fueron reintegrados a la cuenta bancaria de origen.

Y es que, en la fiscalización, se detectó que los recursos se destinaron para la adquisición de siete vehículos y el pago de la póliza de seguro, los cuales son improcedentes debido a que las adquisiciones no se consideran indispensables para la prestación de servicios públicos o la atención a programas prioritarios.

Mediante acta de sesión del Consejo Directivo de Pensiones Civiles, se sometió a consideración y autorización de los integrantes adquirir automóviles que serían destinados para comercializarlos mediante la modalidad de crédito para los jubilados, pensionados y servidores públicos.

Empero, no se encontró evidencia de que, previamente, se hayan publicado los lineamientos precisos para ello, con la validación correspondiente de la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Secretaría de la Función Pública del Estado (SFPE).

Al respecto, PCET justificó no haber reintegrado los importes traspasados, debido a que no contó con suficiencia presupuestaria. Incluso, presentó un oficio dirigido a la Sefin en el que solicita el importe no ministrado durante el 2022, correspondiente a recursos del Fondo de Fortalecimiento de PCET, así como el acta de fallo del procedimiento de invitación a tres personas, cotizaciones, fichas técnicas de los vehículos, acta constitutiva de los proveedores adjudicados y constancias de situación fiscal.

Sin embargo, no remitió evidencia del reintegro a la cuenta bancaria, los lineamientos validados  por la Sefin y la SFPE para la comercialización de los vehículos, el registro de alta al patrimonio de Pensiones Civiles,  ni la justificación de que las adquisiciones se realizaron de manera indispensable para la prestación de servicios establecidos en la Ley de Pensiones Civiles, como son: jubilaciones, pensiones y otorgamiento de seguros de vida y créditos a jubilados, pensionados y servidores públicos activos.

Respecto a la aplicación de recursos del periodo del 07 de marzo al 31 de diciembre 2022, el organismo auditado solventó 51 de las 110 observaciones emitidas, e incurrió en faltas que implican responsabilidad administrativa como el sobregiro de recursos en 30 partidas presupuestales del gasto devengado por 32 millones 303 mil 699.36 pesos, y subejercicios presupuestales en 41 partidas del gasto devengado por 18 millones 370 mil 900.53 pesos, respecto del presupuesto de egresos modificado autorizado para el ejercicio fiscal 2022, al cierre del ejercicio fiscal.

Y junto con la adquisición de vehículos que no se consideran indispensables para el objetivo de la Institución, la omisión de contar con el Reglamento de las Cuentas de Ahorro Personal a que se refiere el Libro B “Del régimen permanente de ahorro personal”, y la falta de capacidad financiera para el pago de sus obligaciones -por lo que debe recurrir a recursos extraordinarios por parte del Gobierno del Estado-.