No es definitivo amparo otorgado a favor del presidente de plazo cumplido de la CEDH 

• El TSJE afirma que es temporal la suspensión y analiza si es procedente o no para amparar definitivamente a Víctor Cid del Prado 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (TSJE), Fernando Bernal Salazar, afirmó que no es definitivo el amparo que como Órgano de Control Constitucional otorgó a Víctor Manuel Cid del Prado Pineda para que permanezca como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo que en próximos días se determinará si este beneficio de la ley se extiende de forma definitiva o se desecha. 

Lo anterior, debido a que el TSJE benefició a del Prado Pineda con una suspensión provisional en contra de los actos del Congreso del Estado, que representa un acto legal de defensa al que todo ciudadano o servidor público tiene derecho a recurrir cuando se sientan afectados por actos de autoridad, señaló el magistrado presidente del TSJE. 

“Pese a la suspensión derivada del Juicio de Protección Constitucional otorgada para que el Congreso del Estado a través de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la Derechos Humanos de Niñas, Niño y Adolescentes, así como la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) mantenga las cosas en el estado que guardaban, se trata de una medida temporal y no definitiva”, reiteró Bernal Salazar. 

Toda vez que los magistrados realizan un análisis para determinar si en los argumentos presentados por Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, como titular de la CEDH, “realmente se demuestra que hubo una violación a los derechos humanos del actor, de no ser así, la suspensión otorgada se levantaría y los actos del Poder Legislativo podrán surtir los efectos legales correspondientes”. 

Ante las críticas de organizaciones sociales, el magistrado presidente del TSJE dijo ser respetuoso de las manifestaciones de grupos u organizaciones sociales, y refrendó su compromiso para que el caso sea analizado con estricto apego a derecho y una vez que se tenga lista la resolución, se determinará si se levanta o confirma la suspensión de los actos reclamados. 

Bernal Salazar recordó que, en el caso de Tlaxcala, el Juicio de Protección Constitucional se estableció con el objetivo primordial de que los justiciables tengan la oportunidad de defender sus derechos humanos establecidos en la Constitución local ante el Tribunal de Control Constitucional, cuyo organismo es integrado por los magistrados que forman parte del pleno del TSJE.