Municipios comprometen su estabilidad por pugnas internas
- Acusan omisiones en el cumplimiento de responsabilidades ediles y síndicos.
Por José Luis Ramírez Romero
Las diferencias políticas entre alcaldes y síndicos ponen en riesgo la adecuada integración de las cuentas públicas municipales y la estabilidad de las comunas.
A través de diversos oficios, autoridades municipales han hecho de conocimiento al Congreso del Estado casos en los una u otra parte incurren en omisiones o ejercen facultades fuera de norma.
Uno de estos casos corresponde al Municipio de Tlaxco, en el que la tesorera Alicia Cuamatzi Vázquez ha remitido copias de escritos dirigidos al alcalde Armando Flores López para informarle problemas relacionados con la Firma Electrónica de la comuna.
En dichos documentos, la funcionaria ha manifestado al Presidente Municipal “que le corresponde a la Síndico la administración de la E. Firma y los certificados de sellos digitales”, así como “la imposibilidad de emitir comprobantes fiscales a la ciudadanía, ni timbrar nómina, como resultado de la revocación de certificados de sellos digitales”.
Por ello, le ha solicitado la renovación de la Firma Electrónica, y al mismo tiempo se deslinda “de toda responsabilidad del manejo irregular y mal uso de la E-Firma y certificados de sellos digitales”.
En otros oficios girados a la síndica Fabiola Juárez Ríos, Cuamatzi Vázquez le informa que “no se entregará gastos a comprobar del mes de marzo del año 2023, a quien no haya comprobado los meses de enero y febrero del año en curso”, y le solicita documentación de tipo fiscal relativa al padrón de contratistas.
Respecto al Municipio de Lázaro Cárdenas, el síndico Charbel Cervantes Carmona hizo por escrito al alcalde Agripino Rivera Martínez “diversas manifestaciones en relación a la Cuenta Pública, la cual debe ser analizada, revisada y validada de manera mensual”.
Y Arendy Delgado Lumbreras, Quinta Regidora del Ayuntamiento de Tepeyanco, remitió al alcalde Francisco Ixtlapale Pérez “diversas observaciones sobre el trámite legal y administrativo que se la ha dado al Juicio Laboral 56/2011-B”.
