¿LA AGENDA LEGISLATIVA RESPONDE A LAS PRIORIDADES CIUDADANAS?

José Luis Ramírez Romero

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el Programa Legislativo para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal, de la LXIV Legislatura local.

Es un programa ambicioso que se integra por 48 iniciativas, ocho más que la agenda del primer periodo, en cuyo balance se advierten varios pendientes.   

Por segunda ocasión, la actual legislatura exhibió un listado de temas de reforma, varios de ellos desarticulados entre sí, a pesar de corresponder a los mismos tópicos.

Y vale la pena preguntar, ¿la agenda legislativa responde a las prioridades ciudadanas?

En este momento, en que la población sufre los efectos que, en la economía y la salud, ha traído consigo la pandemia de Covid-19, resulta importante que los legisladores locales no pierdan de vista la realidad social.

Sin lugar a dudas, los temas de atención prioritaria para la población se relacionan con la salud, la educación, el empleo y la seguridad. Y de las propuestas del programa legislativo, una tercera parte apenas los aborda.

Morena propone la creación de la Ley de Planeación para el Desarrollo de Tlaxcala, que puede ser un gran aporte para la entidad en la medida en que asegure que, con visión de largo plazo, se pueda lograr el crecimiento económico y el desarrollo social que en el estado necesita.

En este sentido, el PRI plantea la reforma constitucional en materia de Planeación Democrática y Contraloría para el Desarrollo del Estado, junto con la Ley de Gobierno Digital y la Ley de Hospedaje a través de plataformas digitales, que pueden abonar al progreso estatal al ofrecer mejores instrumentos para combatir la desigualdad, y un mejor aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información, no solo para avanzar en la construcción de un gobierno digital a nivel estatal y municipal, sino también en sectores económicos que requieren de mejores condiciones para ser más competitivos.

Por otra parte, el PT contempla una armonización legislativa y sanciones más severas para la protección de las mujeres, niñas y adolescentes; el PRD, reformas a la Ley que garantiza el Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar; y Encuentro Social, modificaciones al Código Penal para crear la figura de un juzgador de control que atienda casos de violencia de género de manera específica en todo momento. Todo ello es congruente con el escenario de violencia asociado al confinamiento por la emergencia sanitaria.

Los Grupo Parlamentarios del Verde Ecologista y Nueva Alianza cuentan con agenda muy ambiguas; sin embargo, en ellas se aprecian, por un lado, reformas a la ley de Educación, y por otro, adiciones al marco legal para “diseñar políticas públicas para atender y prevenir la deserción escolar” y “convenios de aprendizaje para que los jóvenes adquieran experiencia laboral”. Esperemos que estas modificaciones legales atiendan la situación preocupante del sector educativo, que necesita recuperarse con acceso a tecnología e internet, pero sin perder su carácter gratuito y accesible a todas y todos los estudiantes.

El PAN prevé enmiendas a la Ley de Vivienda y a la Ley de Fomento Económico, que serán relevantes si contribuyen a reducir la carencia de vivienda, que se relaciona con la situación de pobreza de la población, y a fomentar la recuperación económica del Estado. Mención aparte merece su iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social, derivado de la reciente creación de la Secretaría del Bienestar, que adquiere facultades que estaban conferidas a la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas, y ahora necesaria una armonización para lograr su correcta función y favorecer a los ciudadanos en el acceso a los programas sociales.

Posiblemente, este trabajo legislativo pueda complementarse con la iniciativa que en esa materia envió, con carácter de preferente, la gobernadora Lorena Cuéllar, con la que busca contribuir al bienestar social con ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión de las y los productores tlaxcaltecas.

Finalmente, el PAC proyecta la Ley del Fomento al Primer Empleo y modificaciones a la Ley de Ingresos 2022, relativas a los estímulos fiscales en materia de gastos e inversiones en investigación para el desarrollo educación, ciencia y tecnología, mientras que Fuerza por México, incluye nuevas disposiciones para la Ley de Fomento a la Actividad Artesanal, todas las cuales resultan favorables en el contexto de recuperación económica que requiere incentivos para la inversión y el empleo.

Como se puede observar, la atención de la pandemia y sus efectos no son tema de fondo en la actual agenda legislativa, y en ese tenor poco abona al trabajo institucional que encabeza la titular del Ejecutivo estatal, que, si bien cuenta con una nueva estructura administrativa y un presupuesto acorde a su plan de gobierno, aún carece de la colaboración estratégica del Poder Legislativo.

Mientras los expertos consideran que se deben acelerar los procesos de reforma en temas como seguridad social universal, desvinculada del status laboral; la implementación del seguro de desempleo, que ofrezca protección a trabajadores y flexibilice la entrada y salida del mercado laboral; la mejora regulatoria en la normatividad mercantil y laboral para acelerar la creación de fuentes de empleo, con simplificación de trámites de apertura de empresas, reducción de costos del empleo formal, y estímulos fiscales, los diputados de Tlaxcala están más ocupados en la atención de la política doméstica, aquella que genera mejores condiciones de control político para futuros escenarios electorales.