IMSS-BIENESTAR: EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRAS LA PANDEMIA

Por José Luis Ramírez Romero

En febrero pasado, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se reunieron con miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y entre otros temas abordaron la pandemia y cómo la emergencia sanitaria que ésta generó impuso el reto de replantear lo que significa construir una seguridad social que proteja a todos.

Las partes reconocieron que la relación del IMSS con la OPS entró en una etapa de trabajo para diseñar, en conjunto, la estrategia que permita consolidar el sistema de salud en México como un derecho universal.

El gobierno federal puso sobre la mesa la necesidad de establecer bases de colaboración interinstitucional para diseñar el modelo que permita asegurar el esquema del programa IMSS-Bienestar, ante el desafío de lograr que opere en todo el país en 2024, como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en los hechos esta decisión representa el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la apuesta por el IMSS-Bienestar, para dar servicios de salud y medicamentos a las personas que no tienen seguridad social, refleja el interés del gobierno de la 4T por lograr un éxito contundente en uno de los sectores con más deficiencias.

Realmente la administración que encabeza el presidente López Obrador persiste en conseguir que todos los mexicanos tengan acceso irrestricto y oportuno a los servicios de salud y a las medicinas que requieran. Y para ello, los acuerdos que pueda lograr con los gobiernos estatales son fundamentales para articular el proceso que asegure mejoras para la salud y el bienestar de la población, considerando las lecciones de dejó la pandemia.

Hasta ahora, el gobierno federal ha suscrito convenios para federalizar los servicios de salud, a través del IMSS-Bienestar, en Tlaxcala, Nayarit y Colima. Sin embargo, como era de esperarse, el impacto de la implementación del modelo no ha sido sencillo, ya que prevalecen dudas sobre su viabilidad, no solo administrativa sino también legal, a falta de reglas claras que dicten su rumbo.

En Tlaxcala, por ejemplo, los vacíos de información generaron que el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestara en defensa de sus derechos laborales, y este incidente impedirá que el estado sea el primero en arrancar el modelo el 1 de abril, lo que sí hará Nayarit, donde las condiciones políticas facilitaron el inicio del proceso.

Evidentemente, la federalización de los servicios de salud no es una carrera por primicias simbólicas. Es, en todo caso, una respuesta a la urgente necesidad de transformar el sistema de salud para dar respuesta a las crecientes demandas ciudadanas de mejora en calidad y cantidad, tras la emergencia sanitaria por Covid-19, particularmente en los cuatro ejes que postula el IMSS-Bienestar, que son: 1) Infraestructura suficiente; 2) Personal de salud necesario; 2) Abastecimiento de medicamentos y material de curación; y 4) Regularización del personal.

La integración del sistema de salud nacional es, sin lugar a dudas, un desafío ante el cual los estados deberán hacer su parte para dar resultados, no solo a nivel de política, sino también de sistema y servicio de salud.

La decisión de transferir al IMSS-Bienestar la cobertura de atención médica para la población no derechohabiente ofrece la oportunidad de detectar áreas de oportunidad para corregir deficiencia en la operación de los centros de salud, las clínicas y los hospitales a cargo de las entidades federativas, a partir del trabajo diagnóstico que incluye la primera etapa del nuevo esquema.

Es ahí donde la posición del sindicato de la Secretaría de Salud puede pasar de ser un obstáculo a convertirse en un facilitado del éxito del programa, sin que ello implique que renuncien a la defensa de sus derechos laborales. Las autoridades federales han señalado que el proceso de transferencia del plantel de salud estatal se hará de manera informada a través asambleas para aclarar las dudas de los trabajadores de la salud, y en tanto se cumpla el compromiso de no afectar sus garantías, no hay razones para frenar la implementación.

Por ahora, el arranque del nuevo modelo en Nayarit será en los hechos el programa piloto que se extenderá a Tlaxcala y Colima, para proporcionar servicios médicos de primer y segundo niveles de atención de forma gratuita y sin condicionamientos a la población que carece de seguridad social. De tener resultados, podría extenderse a Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas.

Cabe mencionar que el presupuesto del Programa IMSS-Bienestar creció 74.1%, al pasar de 13 mil 607.6 millones de pesos en 2021 a 23 mil 689.9 millones en 2022, y que además este programa de salud puede recibir recursos provenientes de la suscripción de convenios o acuerdos interinstitucionales, de modo que Tlaxcala va avanzado en la primera etapa de trabajo conjunto con el IMSS, con la evaluación de sus instalaciones de salud y la firma del convenio marco. Ahora sigue la revisión de elementos laborales y financieros que permitan el inicio de las inversiones comprometidas.