GENERA POLÉMICA USO DE RECURSOS DEL SEGURO AGRICOLA EN COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SIA

• El gobierno estatal no contrató un esquema de aseguramiento en 2022, pues determinó repartir directamente entre los afectados los recursos etiquetados por el Congreso local.
• Asegura Secretario de Impulso Agropecuario que no hay desvío de recursos y que “no se hizo nada en contra del beneficio del sector”, pues “hay comprobación del gasto y listas de beneficiarios”.
• “Tiene razón al defender su postura o posición de acuerdo a su partido. Pero somos tlaxcaltecas. Aquí no hay colores. Somos servidores públicos y vamos a dar lo mejor en beneficio del productor”, respondió a diputado del PRD.

Por José Luis Ramírez Romero

Durante su comparecencia en el Congreso del Estado con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal, reconoció que el gobierno estatal no contrató un seguro agrícola para atender a los productores afectados por contingencias climáticas, pues determinó repartir directamente entre los afectados los recursos etiquetados para tal fin en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022.

El funcionario explicó a los legisladores locales que dicha determinación se tomó debido a que la cobertura de los servicios de protección que se contrarían con Grupo Banorte no cubriría los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos previos a la contratación del seguro, que se pudo haber efectuado en julio de 2023.

Con base en información a la que tuvo acceso ABC Noticias, el 03 de octubre de 2022, el Gobierno del Estado, a través de la SIA, emitió los Lineamientos de Operación del Proyecto para Atender Siniestros Agroclimáticos en el Estado de Tlaxcala 2022, a fin de apoyar a la población agricultora afectada por fenómenos climáticos.

En dicho documento, se explica que el gobierno estatal recurrió a la contratación de empresas aseguradoras que ofrecieran el mejor servicio hasta finales de julio, cuando por adjudicación directa se asignaría la prestación del seguro agrícola catastrófico 2022, que iniciaría con la protección de los cultivos agrícolas sembrados en los municipios considerados de alta siniestralidad en Tlaxcala a partir de la fecha de pago de la póliza de aseguramiento.

Sin embargo, para las autoridades estatales, ello ya no se consideró conveniente, ya que el ciclo agrícola primavera-verano inició en el mes de abril con la siembra de maíz, y los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos como heladas, granizos y sequías atípicas ocurridos durante los meses de mayo, junio y julio, por lo que quedarían excluidos de la protección del seguro debido a la vigencia de la póliza que se pretendía contratar.

Por tal razón, y al no contar con una empresa aseguradora que cumpliera y cubriera los daños ocasionados por los siniestros meteorológicos que afectaron a los cultivos antes de la fecha de la firma del contrato, la administración estatal decidió operar directamente el “Proyecto para Atender Siniestros Agroclimáticos” para brindar atención a los productores agrícolas.

Fue así que, en atención a la situación que presentaba el sector primario, el Gobierno del Estado mantuvo la política de apoyo al sector agropecuario, disponiendo de los recursos etiquetados en el presupuesto estatal para la contratación del seguro agrícola.

En este contexto, los Lineamientos establecieron que, mediante el otorgamiento de apoyos económicos a través de un cheque personalizado, se resarcirían parcialmente los daños a pequeños productores de hasta 10 hectáreas laborables de cultivo básico (maíz, frijol, cebada, trigo y haba) y perenne (durazno) por la cantidad de mil 500 pesos por hectárea. En ambos casos, la cobertura de apoyo máximo sería de hasta cinco hectáreas por productor.

Para la autorización de las hectáreas siniestradas, se tomaron en cuenta las solicitudes y/o reportes de los Comisariados Ejidales o Presidentes de Comunidad, dando prioridad a zonas de alta siniestralidad en Apizaco, Atlangatepec, Atltzayanca, Benito Juárez, Calpulalpan, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa, Natívitas, Papalotla, San José Teacalco, San Lucas Tecopilco, Sanctórum, Tepetitla, Terrenate, Tetla, Tlaxco, Tocatlán, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Zacatelco, y Ziltlaltépec.

Además, se consideró el reporte climatológico emitido por la Delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Estado, así como las evidencias que se recabaron en los recorridos priorizando el otorgamiento del apoyo al mayor número de productores.

La vigencia de los Lineamientos se estableció hasta el 31 de marzo de 2023, “debido a la naturaleza fenológica de los cultivos sembrados en el Estado de Tlaxcala”.

LOS RECURSOS ETIQUETADOS.

De acuerdo al Artículo 22 del decreto presupuestal vigente el año pasado, para la partida 4481, correspondiente al “Seguro Agrícola para Atender Siniestros Agroclimáticos en el Estado de Tlaxcala”, el Congreso del Estado aprobó un monto de 16 millones de pesos (mdp) provenientes de ingresos derivados de fuentes locales.

Y con base en el Artículo 148 del mismo decreto, se estableció que “los servidores públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes, debiendo cumplir en tiempo y forma con las metas y objetivos previstos en sus respectivos Programas Operativos Anuales”.

Lo anterior, bajo la advertencia de que el incumplimiento a lo previsto en este artículo y demás disposiciones legales aplicables en el ejercicio del gasto público, “será sancionado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables”.

Asimismo, los Entes Públicos ejecutores del gasto público quedaron obligados a cumplir las disposiciones del Presupuesto de Egresos 2022, debiendo observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en la normativa aplicable con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, evaluación y rendición de cuentas.

En este sentido, Rafael de la Peña autorizó y rubricó los Lineamientos referidos en ejercicio de las facultades que le fueron conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley para el Desarrollo Agrícola Sustentable, ambas del Estado de Tlaxcala, así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Fomento Agropecuario aún vigente, y la atención de Adecuaciones Presupuestarias y Operación de Programas Sociales previstas en el Presupuesto de Egresos 2022, sin que ello implicara una reforma al decreto presupuestal autorizado por el Congreso local.

LA COMPARECENCIA.

Al exponer lo relativo al “Programa de Seguro Agrícola para Atender Siniestros Agroclimáticos”, el Secretario de Impulso Agropecuario indicó que este establece mecanismos de corresponsabilidad con la población productora con actividad agrícola, en apoyo a las posibles pérdidas en caso de siniestros climatológicos, a través de un esquema de aseguramiento que brinda apoyo económico por medio de un cheque personalizado para resarcir parcialmente los daños que afectaron a sus cultivos.

Mencionó que, en 2022, con una inversión superior a los 15 mdp, se apoyó a un total de 10 mil 665 productores en 165 ejidos del estado, y que, del total de personas beneficiadas, 3 mil 910 fueron mujeres; 6 mil 741, hombres, y 715, jóvenes.

Explicó que el año pasado determinó no contratar un seguro agrícola con alguna institución financiera, pues, por causas ajenas a la dependencia, no se pudieron cumplir las reglas para someter a licitación este servicio bajo la modalidad de tres participantes, ya que solo se presentó un interesado. Y al volver a iniciar el proceso como lo marca la ley, se recorrieron los tiempos y se atrasó la contratación del mismo.

Indicó que, al final, se asignó de manera directa el contrato con Banorte, el cual se firmaría hasta finales de julio, lo que resultó poco práctico ante el grado de afectación que registraba el campo en ese momento, y a las condiciones poco favorables para la cobertura de siniestros.

Expuso que el grupo financiero no reconocería la sequía y otros fenómenos ocurridos previamente a la contratación del seguro, por lo que propuso a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no adquirirlo.

A partir de los cuestionamientos de los diputados Jaciel González Herrera (PVEM), Diana Torrejón Rodríguez (PRI) y Juan Manuel Cambrón Soria (PRD), justificó la decisión de canalizar a la Secretaría de Finanzas (Sefin) los 16 mdp etiquetados para dicho seguro a la SIA para destinarlos a las zonas más dañadas.

Aclaró que, de ese total, se tomaron 580 mil pesos para cubrir movimientos administrativos, ya que el personal de la dependencia documentó las afectaciones y determinó que fueron alrededor de 35 mil los productores que tuvieron pérdida parcial o total. Por eso, insistió, se determinó dar mil 500 pesos por productor sin distinción.

De la Peña Bernal afirmó que nunca antes se había hecho algo así; solamente, en 2011, el gobierno estatal pagó 25 mdp, con concurrencia federal y estatal, a 12 mil productores con un apoyo económico mínimo.

Respecto a la estrategia de aseguramiento de este año, el secretario aseguró que se buscará hacer la contratación en el mes de marzo, bajo condiciones que cubran satisfactoriamente los requerimientos de la SIA, para que, en caso de contingencias climáticas, se pueda pagar con oportunidad y con montos más altos.

Aunque advirtió que las aseguradoras suelen reconocer daños mínimos para evitar o reducir los pagos, y que éstas se llegan a quedar con la mayoría de los recursos comprometidos, como en 2021, cuando de 16 mdp que costó el seguro únicamente otorgaron pagos por un millón 430 mil pesos, reiteró que se procurará que quienes se inscriban en la licitación de este 2023 ofrezcan los mejores beneficios para el sector.

Señaló que, usualmente, un seguro catastrófico generaliza daños y se determina para los municipios con más probabilidad de afectación. Sin embargo, ahora se pretende que cubra a los 60 municipios; incluso, dijo, no se descartan otros esquemas de apoyo, ya que se ha propuesto a los grandes productores que entren a un esquema en el que aporten el 40%, y el gobierno estatal otorgue el 60%, a fin de garantizar más cobertura y participación.

“Vamos a contratar un seguro agrícola para que el mismo productor, el Congreso y todos se den cuenta qué nos dio más resultado, si la buena o mala decisión que tuve ese año, o la decisión de pagar un seguro. Veremos cuánto nos va a dar ese seguro este año. Ojalá que sea un buen año de clima, aunque se quede el dinero en la seguradora que gane. Si es un mal año, veremos cómo nos va en esa perspectiva”, declaró a los integrantes de la Comisión de Fomento Agropecuario del Congreso local.

Ante el señalamiento que le hizo el diputado Juan Manuel Cambrón, sobre el eventual desvío de recursos en que habría incurrido al no ejercer los recursos conforme fueron etiquetados en el Presupuesto 2022, el funcionario estatal opinó que se trató de “un cambio de canalización” del recurso público que se sujetó a los criterios del Departamento Jurídico de la dependencia.

Agregó que lo sucedido el año pasado “no volverá a pasar”, y que “no se hizo nada en contra del beneficio del sector”, pues “hay comprobación del gasto y listas de beneficiarios”.

“Tiene razón al defender su postura o posición de acuerdo a su partido. Pero somos tlaxcaltecas. Aquí no hay colores. Somos servidores públicos y vamos a dar lo mejor en beneficio del productor”, respondió al legislador perredista.